por Camilo Escalona
Presidente del Senado. Senador por la Región de Los Lagos
Ese propósito entendimos que si se iba a legislar para garantizar el futuro de la pesca artesanal, y lo que se garantiza en realidad en la ley y que el gobierno indicó con una decisión irreductible, es el futuro de la pesca industrial y lamentablemente, su control por parte del núcleo que lo ha controlado durante los últimos 30 años.
Votamos en contra de los artículos que permitían la renovación de las licencias; yo en lo personal voté contra la idea de legislar, y voté en contra en general el proyecto, porque tenía esta grave falencia: estaba estructuralmente hecho para favorecer a la pesca industrial y no garantizar el futuro de la pesca artesanal, lo que se expresaba en un artículo que entrega licencias por 20 años renovables, con la única exigencia que las empresas respeten la ley, lo que significa poner una condición prácticamente de ‘perogrullo’, porque no cabe duda que lo mínimo es que los conglomerados económicos respeten la ley.
Veinte años renovables en el tiempo entregan licencias a perpetuidad, sin un compromiso financiero que aumente la contribución de los conglomerados a las arcas fiscales, tanto que el propio Ministro de Economía en la madrugada del jueves, a minutos que finalice el trámite de la Ley de Pesca, tuvo que manifestar que enviaría a la Cámara de Diputados un artículo distinto al que se votó en el Senado, que rechazamos, pero que lamentablemente una mayoría aprobó y que establecía un impuesto que disminuiría lo que los conglomerados pagan.
Esto es sin duda incongruente y absurdo, y lo inconsistente del proyecto de ley del Gobierno es que entrega a los conglomerados económicos operaciones económicas de decenas de miles de millones de dólares. El gobierno propuso un artículo en que a pesar de que le entrega decenas de miles de millones de dólares en ganancias futuras, tendrán un impuesto más bajo que el que tenían a la fecha.
Esto es un hecho francamente increíble y por eso que el propio ministro de Economía lo tuvo que reconocer, diciendo que en el trámite que continúa en el Cámara de Diputados tendrán que ingresar un nuevo artículo sobre el pago de impuestos de estos conglomerados, con lo cual hemos llegado a límites increíbles de favorecer la concentración de la riqueza y el aumento de rentabilidades de los grandes grupos económicos, que nunca había sucedido en el país.
No conozco ninguna ley en que a un conglomerado económico le aumente las ganancias, como lo hace en este caso a los grupos de la pesca industrial, que además le disminuyen los impuestos. Con esto estoy convencido de lo justo que fue haber votado en contra de esta ley.
Queda un último trámite en la Cámara de Diputados, pero ha sido tal la decisión del ministro Longueira en sacar adelante este cuerpo legal como está, que pienso que también impondrá su voluntad, aún cuando reconoció que tiene que proponer una nueva redacción al artículo sobre el sistema de impuestos para la pesca industrial.
Con todo, creo que la gran tarea del próximo tiempo será que el nuevo gobierno pueda legislar a favor de la pesca artesanal, y por lo tanto corrija la vergüenza que se produjo esta semana en la votación del proyecto del gobierno de la Ley de Pesca.
