Esta semana se dio a conocer las intenciones del presidente de Sebastian Piñera de vender la participación que posee el Estado (a través de CORFO) en las empresas sanitarias Aguas Andinas, ESVAL, ESSBIO y ESSAL, cuya propiedad es de todos los chilenos.
Este anuncio, de concretarse, atenta contra los derechos ciudadanos y hace más vulnerable el derecho de los chilenos al agua y el acceso a los servicios sanitarios.
Tal como ha informado la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en la última década, entre 1998 y 2008, la privatización de las sanitarias provocó un gran aumento de las tarifas para la población, pero no mejoró sustancialmente no la cobertura de agua potable (de 99,3 a 99,8%) ni de alcantarillado (91,6 a 95,3%). Siendo la única excepción el tratamiento de aguas servidas, inversión que esta siendo pagada por los consumidores.
1.- A nivel nacional la Central Unitaria de Trabajadores; la Federación Nacional de Sindicatos de las Empresas Sanitarias, La Federación Nacional de Agua Potable Rural; las Organizaciones de Iglesias; campesinos; indígenas y ambientalistas, han declarado su rechazo de manera enérgica, el anuncio de vender la participación del Estado en las empresas sanitarias. Profundizar la privatización generara mayores costos del servicio y una perdida patrimonial de todos los chilenos.
2.- El gobierno ha declarado que la venta de las acciones estatales de las sanitarias le reportará 1.300 millones de dólares, es decir un 13% de los 10.000 millones que dice requerir para el plan de reconstrucción de los próximos 4 años.
Pero esta medida privatizadora, para la mayoría de los chilenos significa una nueva pérdida de patrimonio y de control público sobre las aguas. Este impacto puede evitarse si el Estado conserva la participación accionaría en las 4 mayores empresas sanitarias, y utiliza la grandes utilidades anuales que le proporcionan dichas empresas para la reconstrucción del país.
3.- Así mismo, a finales del año pasado, la Superintendencia de Servicios Sanitarios manifestó su preocupación por la situación actual de las fuentes de agua y la incidencia que en esto tiene el cambio climático; el alza de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones, y el aumento de la demanda de agua potable para el consumo humano. Adema hizo hincapié, en la urgencia de una mayor y mejor regulación y fiscalización en el uso de los derechos de agua. También, expuso la necesidad de establecer la factibilidad legal para que el consumo humano tenga prioridad frente a una eventual escasez de agua.
4.- En este contexto, la reforma Constitucional que se discute actualmente en el Congreso Nacional, y que busca consagrar el Agua como un Bien Nacional de Uso Público. En su fundamento, reconoce los desbalances y deficiencias del Código de Aguas de 1981; la situación de escasez e inequidad en el acceso al agua y la concentración desproporcionada de derechos de agua en pocas manos (3 empresas poseen el 90% de los derechos de agua para generación hidroeléctrica); y menciona la degradación ambiental y los conflictos crecientes por el agua en todo el país. Lo anterior es, totalmente contradictorio con la propuesta de venta que manifiesta el gobierno, ya que los problemas de gobernabilidad derivada de la normativa actual en materia de agua, ameritan una mirada de futuro, que no justifica enajenar lo que nos queda de este preciado bien común.
5.- Por todo lo anterior, hacemos un enérgico llamado a la ciudadanía a manifestar en todos los espacios posibles la oposición a esta medida inconsulta y arbitraria, y a los parlamentarios los llamamos a comprometerse a trabajar en revertir esta decisión política. Ya que los bienes en cuestión, son de naturaleza esencial y estratégica para la vida humana.
A esta declaración se suscriben:
Sr. José Pacheco Sánchez Pdte. Sindicato de Trabajadores Técnico y Profesionales de Essal.
Sr. Juan Ojeda Fontanilla, Pdte. de Sindicato de Profesionales Sanitarios de Essal
Sra. Doris Paredes, Presidenta de la CUT Provincial
Sr. Hernán Navarro Presidente de la Asociación de Consumidores
Sr. Jaime Bustamante, Encargado de Conflicto de la CUT
A Nivel Nacional Suscriben:
Sr. ARTURO MARTINEZ. PRESIDENTE CUT
Sr. HUGO MATURANA. PRESIDENTE FENATRAOS
Sr. MANUEL MUNDACA. PRESIDENTE FEDERACIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE RURAL
Hna. CRISTINA HOAR. CONFEDERACION DE RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS
Sra. SARA LARRAÍN. DIRECTORA PROGRAMA CHILE SUSTENTABLE
Sr. JUAN PABLO ORREGO. DIRECTOR ECOSISTEMAS
Mons. LUÍS INFANTI. VICARIATO APOSTOLICO DE AYSÉN
