Según una circular de DIRECTEMAR N°12600/22(1) publicada en todas las capitanías de puerto de la región de los lagos, a partir del 9 de febrero los hombres de mar deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley general de pesca y acuacultura que dice "Artículo 50 C.- Los pescadores artesanales propiamente tales y los buzos, deberán contar con un seguro de vida vigente contra riesgo de muerte accidental e invalidez. Se eximirá de dicha obligación a los pescadores y buzos mayores de 65 años de edad. El pescador que no cuente con el seguro no podrá desarrollar actividades pesqueras extractivas a bordo de embarcaciones artesanales. La embarcación artesanal sólo podrá zarpar si la totalidad de s tripulación cuenta con dicho seguro” (2).
Esta ley promulgada el 31 de enero de 2013 por el ex presidente SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, siendo Ministro de Economía, Fomento y Turismo Pablo Longueira Montes, ley que se “titulaba modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley general de pesca y acuicultura contenida en la ley n°18.892 y sus modificaciones”, lo único que está logrando es terminar con una actividad extractiva ancestral, que vulnera una forma de vida y por ende el convenio OIT 169.
La pregunta es ¿Por qué se aprueba una ley tan perjuicio para las comunidades rivereñas de los canales australes?, habiendo un parlamento representativo, los pescadores no encuentran explicación, esto sólo se puede dar por el lobby de las grandes empresas con intereses en el mar, por la corrupción de algunos dirigentes del sector, por el exceso de confianza de los pescadores con sus autoridades representativa, una ley que al final impacta negativamente en la vida de los pescadores.
Nadie entiende que una ley que buscaba proteger la pesca artesanal mediante la sustentabilidad de la extracción, se limite a un “seguro de vida obligatorio en caso de accidente”, lo que sin duda es legítimo, pero este seguro debería estar implícito al otorgar las licencias con el financiamiento tripartito, trabajador, estado, como también las empresas del sector que se benefician de estos productos en la comercialización.
Por ello la CUT Llanquihue se hace parte de las demandas de la pesca artesanal de la región, comparte esta actividad debe protegerse, son puestos de trabajo que sustentan en gran medida la economía regional, se encuentran dentro del 43% de los ocupados de la región que trabajan por cuenta propia, empleos que hay que proteger con políticas publicas regionales que protejan la actividad del mar y su gente, las comunidades, el medio ambiente y la cultura ancestral.
ENLACE PARA VER LA LEY http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1048776
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