- Por Nataly Briones González, Encargada de Género y Diversidad de la Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt
Es un avance largamente esperado por trabajadoras y trabajadores que, durante años, han debido soportar en silencio los comentarios de pasillo, los malos tratos, las reasignaciones de puesto sin previo aviso y las más diversas formas de manipulación y hostigamiento.
La Ley Karin no solo responde a las actuales demandas feministas que buscan la igualdad de género y la eliminación de todas las formas de opresión y discriminación hacia las mujeres y las diversidades sexo-genéricas, sino que también a la demanda social por espacios de trabajo más seguros y respetuosos.
La literatura señala que las conductas de acoso y violencia laboral no son comportamientos aislados, sino manifestaciones de problemas estructurales y culturales más amplios dentro de las organizaciones y de la sociedad en general.
Por ende, es normal que surjan dudas y resistencias ante el cambio, especialmente en culturas organizacionales predominantemente jerárquicas y autoritarias, donde las denuncias de acoso y violencia pueden ser minimizadas o ignoradas, o bien, están tan normalizadas que son invisibles o aceptadas socialmente, generando que el silencio y la complicidad de sus pares impida que las víctimas denuncien por temor a represalias y la falta de apoyo institucional.
Por un lado, esta ley nos exige la creación de reglamentos internos que establezcan sanciones oportunas y, por otro lado, que se entreguen capacitaciones para reconocer y eliminar estas conductas.
En otras palabras, nos impulsa a avanzar y deconstruir las culturas organizacionales patriarcales, jerárquicas y autoritarias que han perpetuado la desigualdad durante años, e incluso siglos. Esto pone en evidencia la urgencia de un cambio cultural profundo en nuestros entornos laborales.
Como toda legislación nueva, su implementación ha generado inquietudes y preguntas entre quienes participan del mundo laboral. ¿Qué conductas serán sancionadas? ¿Qué procedimientos se seguirán para denunciar y resolver casos de acoso o violencia laboral? En los pasillos se oyen murmullos y temores infundados: "¡Ya no se podrá saludar de beso!"
Es fundamental aclarar que la ley no pretende regular interacciones sociales cotidianas y consensuadas, sino aquellas conductas que, intencionalmente, buscan degradar, humillar o intimidar a una persona. También es necesario entender que no se recibirán sanciones por no saludar a alguien en el trabajo por despiste o apuro, o por la costumbre de saludar de beso en la mejilla entre quienes forman parte de un área laboral.
El espíritu de esta ley señala que se deben “fundar las relaciones laborales en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, lo que implica adoptar medidas que promuevan la igualdad y erradiquen la discriminación” (artículo 1°, letra a, inciso segundo, ley 21.643). Por lo tanto, lo que busca la ley es proteger la dignidad y el bienestar de todas las personas en el ámbito laboral, construyendo espacios de trabajo donde todas las personas puedan desarrollarse profesionalmente en un ambiente de respeto y equidad.
La implementación de la Ley Karin requerirá un esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas. Las empresas deberán establecer protocolos claros y efectivos para la prevención y resolución de conflictos laborales. Los trabajadores y trabajadoras, por su parte, necesitarán informarse y empoderarse sobre sus derechos y las vías de denuncia disponibles. Además, será crucial la capacitación continua en temas de género y convivencia laboral para todos los niveles jerárquicos dentro de las organizaciones.
Es importante destacar el impacto que esta ley tendrá en las instituciones de educación superior, donde ya existe la Ley 21.369 que regula el acoso, la violencia y la discriminación en la comunidad universitaria. Ambas leyes deben converger en un protocolo o procedimiento normativo en común, creando un marco coherente y unificado para abordar estas conductas en las comunidades educativas.
Las universidades ya han avanzado en este camino, y la Ley Karin viene a reafirmar y fortalecer lo que ya se ha hecho en términos de prevención y sanción de estas conductas. La experiencia acumulada en las instituciones de educación superior puede servir como modelo para otras organizaciones, promoviendo una cultura de respeto y equidad.
En definitiva, la Ley Karin es un paso significativo hacia la justicia social en el ámbito laboral. Esta legislación responde a las voces que, durante demasiado tiempo, han sido silenciadas, causando estragos en la salud mental de quienes han soportado estas injusticias.
Es fundamental ahora, como sociedad, asumir la responsabilidad colectiva de asegurarnos de que estas voces sean escuchadas y respetadas. Debemos trabajar en conjunto para garantizar que la justicia y la equidad prevalezcan en todos los rincones de nuestros lugares de trabajo.
