El presidente del Partido Socialista, senador Camilo Escalona, advirtió hoy el hecho que el Tribunal Constitucional acogiera el planteamiento de la derecha de declarar inconstitucional el préstamo del BID al Transantiago, tendría consecuencias “incalculables”, tras participar del Comité Político en La Moneda, en donde se analizó la situación con los presidentes de partidos de la Concertación.
Expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional “no se hará parte de la denominada ‘tesis del desalojo’, impulsada por la Alianza.
“El enervamiento institucional, el impacto que produce en el país el que se hiciera parte el Tribunal Constitucional de la presentación de los parlamentarios de derecha, tiene, desde mi punto de vista, consecuencias institucionales incalculables”, señaló Escalona.
“Espero que el TC tenga en cuenta el impacto institucional de consecuencias imprevisibles que tiene el desautorizar completamente a la Contraloría General de la República, el hacerse parte de una estrategia política que tiene como destino final proseguir con las acusaciones constitucionales en contra de los ministros de estado en Valparaíso; y reducir drásticamente las atribuciones de la Jefa de Estado, con el propósito que los ministros ya no dependan de la voluntad del Jefe de Estado, sino que de la mayoría parlamentaria de turno”, declaró.
El timonel PS agregó que “para nadie es un misterio que quitarle el financiamiento al Transantiago tendría un impacto social y económico tremendo en el país. Significa dejar un servicio básico sin los recursos para que pueda funcionar y significa preparar las condiciones para la acusación constitucional a los ministros de Hacienda y de Transportes”.
Apuntó a que cuando los senadores Novoa y Allamand presentaron el recurso con la firma de otros parlamentarios de derecha, lo hicieron “perfectamente concientes de que esto conduce a una situación de enervamiento institucional”.
Explicó que significa arrinconar al Ejecutivo y desconocer atribuciones que tiene, “que son de su manejo tradicional, desde el punto de vista del establecimiento de una garantía de CORFO –en este caso-, significa desconocer completamente la función de la Contraloría General de la República, que es el ente que constitucionalmente está habilitado para fiscalizar y tomar o no debida nota legal de las decisiones que tiene el Ejecutivo”.
“En este caso, la Contraloría General de la República fiscalizó y tomó nota de las decisiones que tomó el Ejecutivo. En consecuencia, significaría decir que en este momento, en Chile, ya la Contraloría no tiene ningún sentido y que se reemplaza el organismo llamado Contraloría General de la República por un nuevo organismo que se llama Tribunal Constitucional”, enfatizó.
Escalona expresó que en este nuevo escenario, esto significaría que los funcionarios de Contraloría prácticamente no tienen ningún sentido “y la institución como tal se colapsa y entra en una etapa de agotamiento inevitable, porque todas las decisiones de fiscalización del Ejecutivo tendrían que ir, ya no a la Contraloría sino que al Tribunal Constitucional”, dijo.
Además dijo que esto significa introducir en Chile un grado de incerteza jurídica “tremendo, porque las decisiones que tiene el Ejecutivo ya no tendrían la seguridad que les da el hecho de que la Contraloría las toma, sino que, simplemente, estarían a la espera de los eventuales recursos que presenten los parlamentarios de oposición al Tribunal Constitucional, que sería, finalmente, la autoridad que decidiera”.
El senador dijo que el paso siguiente conocido por todos “es la presentación de las acusaciones constitucionales contra los ministros que firmaron los decretos. Por lo tanto, tendríamos en Chile, en el curso de un semestre, prácticamente, tres ministros claves del gabinete acusados constitucionalmente”.
Recordó que “esto significa llevar a la práctica lo que yo personalmente aquí mismo y en Valparaíso me atreví a anticipar lo que la derecha quería: que los ministros de Estado dependan ahora de la mayoría parlamentaria, y no de la Presidencia de República, que el pueblo eligió para gobernar”.
Consultado qué podría hacer el Gobierno si no resulta aprobado por el TC el préstamo del BID, el senador Camilo Escalona dijo que “yo siempre he sido partidario de la aplicación del 2 % constitucional. Creo yo que es el único instrumento que al Gobierno le va a quedar. Pero primero tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional”.
1 de septiembre de 2008
Secretaría de Prensa
Partido Socialista de Chile
Unidad de Comunicaciones
Oficina Senador Camilo Escalona
