- Para la parlamentaria las maniobras de encubrimiento de actos de corrupción no pueden seguir impunes. La norma sancionaría con reclusión menor en su grado mínimo a medio e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y penas de cárcel.
La diputada Marisol Turres, con el apoyo de parlamentarios de la UDI presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal, destinado a sancionar a aquellos directores o ejecutivos de empresas del Estado y a funcionarios públicos que obstaculicen las investigaciones, ya sea ocultando o destruyendo información, o entregando antecedentes incompletos que impidan y dificulten la labor de la Contraloría General de la República.
“Esta medida busca aumentar las facultades fiscalizadoras de la Contraloría sobre los organismos del Estado, impidiendo que los involucrados sigan obstaculizando las investigaciones, tal como ha ocurrido en casos tan emblemáticos como el de EFE”, señaló la parlamentaria.
“Hemos sido testigos en la Comisión Investigadora de EFE de las maniobras de encubrimiento destinadas a obstaculizar las investigaciones, tanto nuestras como las de la Contraloría General de la República”, expresó la diputada Marisol Turres al mismo tiempo que recordó que durante mayo de 2007 el Contralor General, don Ramiro Mendoza asistió a esta Comisión Investigadora, donde hizo presente que los propios ejecutivos de EFE obstaculizaron las investigaciones que estaba llevando a cabo ese servicio, impidiendo que se descubriera toda la verdad. Esta misma situación fue informada por Contraloría a la Cámara de Diputados en informes del mes de noviembre y de diciembre de el presente año.
“El despilfarro de 1.200 millones de dólares en EFE y la actitud de sus directivos quienes dificultaron la entrega de la información y antecedentes requeridos por la contraloría motivaron este proyecto. Esta situación anormal nos exige implementar a la brevedad medidas legales para corregir, sancionar y precaver que se sigan repitiendo estas malas prácticas. Para frenar la corrupción es necesario y urgente fortalecer a la Contraloría”, agregó la parlamentaria.
La diputada Turres explicó que las sanciones propuestas en el proyecto, que podrán ser aplicadas a directores, ejecutivos, funcionarios de planta, contrata u honorarios en cualquier empresa o servicio del Estado o donde éste tenga participación, son las de reclusión menor en su grado mínimo a medio y la de inhabilitación absoluta y perpetua para todo tipo de cargos o empleos públicos.
“Espero que parlamentarios de la Concertación que hablan mucho de probidad por los medios de comunicación apoyen este proyecto a la hora de votar”, finalizó la parlamentaria.
COMUNICADO DE PRENSA
27 de diciembre de 2007.
Luis Toledo Mora
Periodista
Oficina Parlamentaria Puerto Montt
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