- La parlamentaria señaló que los problemas con las licitaciones se suman a la atención gratuita a imputados que pueden pagar su defensa.
Frente al cuestionamiento por el llamado a licitación de abogados privados que produjo la salida del Defensor Nacional, la diputada Marisol Turres señaló que es urgente mejorar la gestión de la Defensoría Penal Pública.
La salida del Defensor Nacional se produjo después de que se conocieron los resultados de una auditoria realizada al interior de ese organismo, investigación en la que se estableció que existieron errores al licitar los servicios de abogados privados en la Región Metropolitana.
La parlamentaria recordó que las licitaciones de la Defensoría Metropolitana han sido cuestionadas desde su inicio en el año 2005, cuando diputados de la UDI denunciaron que pese a que postularon más de 120 sociedades sólo 2 concentraron el 68 por ciento de las adjudicaciones, siendo una de ellas la Sociedad Defensa Jurídico Penal ligada a la Universidad Miguel de Cervantes, cuyo presidente era Gutenberg Martínez, esposo de la ex Ministra de Justicia y actual presidenta de la DC, Soledad Alvear.
“Dado que en el sector público las grandes licitaciones habitualmente son cuestionables, lo mejor es establecer un subsidio a la demanda, o sea fijar un valor por los servicios de la defensa y permitir que los imputados escojan libremente a sus abogados defensores”, señaló.
La diputada Marisol Turres manifestó que la auditoria a la Defensoría Penal Pública deja al descubierto los serios problemas de gestión en ese organismo, lo que se suma al pésimo sistema de evaluación económica a los imputados, lo que se traduce en que apenas el 0,25% de ellos paga alguna suma por su defensa y que más de la mitad de quienes pagaron algo lo hicieron en porcentajes iguales o inferiores a un 25% del arancel establecido.
“No es posible que las personas de escasos recursos que solicitan algún beneficio del Estado sean evaluadas por la ficha de protección social, mientras que los imputados sean defendidos en forma gratuita sin verificar si pueden pagar o no. Es necesario que aquellos que pueden hacerlo paguen los costos de su defensa”, expresó la parlamentaria.
“Las deficiencias en la gestión de la Defensoría Penal Pública no es responsabilidad exclusiva del defensor nacional, si no que también del Ministro de Justicia, por lo que con el fin de clarificar las irregularidades y establecer las responsabilidades solicitaré que la Contraloría General efectúe una auditoria a ese organismo”, finalizó la diputada Marisol Turres.
COMUNICADO DE PRENSA
28 de diciembre de 2007.
Luis Toledo Mora
Periodista
Oficina Parlamentaria Puerto Montt
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