Diputada Marisol Turres y bono Chaitén

«Hay que sancionar a los responsables y recuperar los recursos mal utilizados por el gobierno anterior»
  • Para la parlamentaria UDI, las irregularidades constatadas en la entrega de bonos a desplazados de Chaitén, que superan los $1.200 millones, deben ser investigadas a fondo.

La parlamentaria UDI Marisol Turres planteó la necesidad de analizar en profundidad las severas irregularidades detectadas en el proceso de entrega de bonos a los habitantes de Chaitén que se vieron afectados por la erupción del volcán Chaitén en mayo de 2008. Según antecedentes recientes del Ministerio del Interior, de los $20.000 millones destinados por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet a bonos para los desplazados, un total de $1.274 millones no cuenta con la justificación o el respaldo necesario.

“El mismo año 2008, junto con la Agrupación de Hijos y Amigos de Chaitén, denunciamos irregularidades en el uso de recursos donados por organismos públicos y privados para los habitantes afectados de Chaitén. En esa ocasión, la Contraloría Regional anunció la realización de un Juicio de Cuentas a la Intendencia y a la Delegación Presidencial, proceso del cual hasta ahora no conocemos los resultados”, recordó la diputada Marisol Turres.

Entre los problemas detectados por la última auditoría contratada por el Ministerio del Interior se encuentran, por ejemplo, la entrega de múltiples beneficios a un mismo grupo familiar, la entrega de montos destinados al pago de arriendo en casos en que ya se había entregado un subsidio de vivienda, o la entrega de bonos a funcionarios públicos que habían sido trasladados a otras ciudades antes de la erupción. “Nos gustaría que los resultados de la auditoría realizada se hagan públicos, con el fin de conocer estos antecedentes en detalle, para así evaluar la magnitud de las irregularidades que, por cierto, se produjeron con recursos de todos los chilenos”, señaló la parlamentaria gremialista.

“Aunque las autoridades de la época digan que se actuó en un contexto de emergencia, eso no es excusa para operar de manera negligente. Aquí hay más de $1.200 millones que se gastaron sin justificación ni respaldo, por lo que solicito el inicio de las acciones penales y civiles correspondientes, porque hay que sancionar a los responsables y, en lo posible, recuperar los recursos mal utilizados por el gobierno anterior”, sentenció la diputada Marisol Turres.
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