Escalona presentó proyecto de ley que exige participación de usuarios en tarifas públicas y limita mezcla de negocios y política en entes regulatorios

El senador PS por la Región de Los Lagos, Camilo Escalona, presentó un proyecto de ley que exige la participación de organizaciones representativas de los usuarios en la tarificación de los servicios públicos y que, además, limita la mezcla de negocios y política en los organismos regulatorios.
 
“Hemos presentado un proyecto de ley, con el propósito de hacer obligatoria la participación de organizaciones sociales representativas de los usuarios en el proceso de configuración de las tarifas de todos los servicios que sean de utilidad pública o que conlleven participación de recursos fiscales”, dijo el senador.
 
Al respecto, el proyecto de ley presentado señala que “las organizaciones de usuarios se formarán por al menos cinco juntas de vecinos, organizaciones no gubernamentales, corporaciones de desarrollo municipal, y en general organismos de participación local que cuenten con personalidad jurídica, y que pertenezcan o tengan su domicilio en el área geográfica en la que se lleve a cabo el proceso de fijación tarifaria, y que tengan por objeto la promoción del interés público”.
 
UN “DIQUE” ENTRE POLITICA Y NEGOCIOS
 
El senador Escalona enfatizó que el proyecto también estableció “nuevas limitaciones, con el propósito de evitar la mezcla de negocios y política en los procesos regulatorios”.

“Esto significa que las personas deberán abstenerse, a lo menos durante tres años, de participar en un servicio público regulador e incorporarse a alguna de las empresas u organismos regulados”, indicó.

Explicó que “esto apunta a establecer efectivos diques a la mezcla que hoy se produce, en que personas que provienen de los organismos regulados empiezan a participar del regulador y se produce una completa confusión entre negocios y política”.

“Este es uno de los temas que la administración de Piñera prometió y que, como en otros campos, no ha cumplido”, declaró.
 
En este sentido, el proyecto de ley del senador Escalona plantea que “los directivos que se desempeñen en los primeros dos grados jerárquicos de los organismos que tengan a su cargo la regulación de un mercado específico, estarán inhabilitados para trabajar en empresas que participen en el mercado correspondiente, en sus relacionadas, coligantes y coligadas, y de prestarles todo tipo de asesorías, por si o por interpósita persona, por un período de tres años desde que hayan cesado sus funciones en el organismo correspondiente”.
 
15 de marzo de 2011

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