Intensas reuniones ha sostenido la directiva de la Asociación de Consultoras y Laboratorios Ambientales de Chile, ACLAM, con diversos personeros del Servicio Nacional de Pesca, de Subsecretaría de Pesca, del ministerio de Economía, del poder Legislativo y de los acuicultores, en búsqueda de una solución a la viabilidad y continuación en el negocio de las pequeñas y medianas empresas que conforman este sector específico de la actividad acuícola.
La idea, como afirmó la presidenta del gremio, Hilda Castro, “es avanzar en aspectos poco claros de la licitación, para asegurar la sustentabilidad del proceso transitorio hacia la nueva normativa que instruye a SERNAPESCA como responsable de realizar los Informes Ambientales (INFAs) a través de privados, de tal manera que éste sea lo más positivo para todas las partes involucradas”.
Por ello, dado que el requerimiento de licitación de los INFAs por parte de SERNAPESCA emana de las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) que entraron en vigencia en Abril del 2010, fue preciso reunirse con los diputados Carlos Recondo y Patricio Vallespín.
Se espera que las gestiones lideradas por ACLAM permitan generar una normativa adecuada no sólo para los laboratorios y consultoras ambientales, unidades altamente especializadas y las únicas acreditadas para efectuar las INFAs, sino que también para los productores, que requieren contar con un producto de calidad y confiable que les permita continuar trabajando de manera sustentable. Asimismo, SERNAPESCA como organismo fiscalizador y responsable de velar por la confiabilidad de los procesos, debe disponer de un sistema que sea eficiente y oportuno.
“Necesitamos que ésta sea una licitación que facilite el traspaso a un sistema que nos garantice la viabilidad de nuestras empresas, poder mantener nuestra acreditación, participar de un proceso confiable y donde estén todas las voluntades políticas disponibles para que así sea, como ya nos han manifestado”, acotó el Director Ejecutivo de ACLAM, John Marcus.
ACLAM ya presentó a los diputados Recondo y Vallespín, como también al ministerio de Economía, una propuesta de Proyecto de Ley que debería ser tramitado con carácter de extrema urgencia, para así aplazar la licitación en 1 año desde que se publique el reglamento de certificadores o bien del decreto que fijará las tasas que deban pagar los titulares de centros de cultivo por la elaboración de la información ambiental.
También plantea como otra posibilidad que esta licitación comience a regir 3 años después de la publicación de la Ley Nº 20.434; de esta manera y sin la presión que impone el plazo, se podrá desarrollar en conjunto un proceso transitorio, que permita construir sobre cimientos sólidos.
Según ACLAM, estas propuestas son de toda lógica “entendiendo que es importante considerar -conforme al RAMA- que la Resolución Nº 3.612 de 2009 de Subsecretaría de Pesca, que establece los requerimientos metodológicos para la elaboración de la información ambiental, deberá ser revisada y sometida a consulta de los Consejos Nacional y Zonales de Pesca antes del 29 de Octubre de 2011.
“Nosotros tenemos la mejor voluntad para trabajar con la autoridad, por lo que esperamos que ellos también presenten la misma disposición para avanzar en este tema que afecta a un importante número de Pymes. Es por ello que este proyecto también ha sido despachado al Senador Antonio Horvath, en su calidad de presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado”, concluyó Hilda Castro.
