Por Camilo Escalona, Senador por la Región de Los Lagos
El modelo de producción de los centros acuícolas que nos propone el proyecto de ley que quiere establecer regulaciones donde no hay regulaciones, nos abre la puerta a la discusión si esto implica o no la privatización del mar, tema que es esencial despejar desde el punto de vista social, de la ética pública y de la respuesta que esperan muchos sectores laborales y medioambientales.
En mi opinión, estos cambios dan inicio a una desprivatización del mar. Porque hoy, si un particular presenta una solicitud de concesión acuícola, la autoridad administrativa está en la obligación de entregársela, y no tiene ningún medio, salvo resquicios, para dilatar o postergar esa decisión; pero finalmente y a la postre, tendría fatalmente que entregarla.
Y, en segundo lugar, entregaría una concesión por un plazo ilimitado, con débiles regulaciones sanitarias, y sin resguardos laborales. Y, posiblemente, la combinación de estos factores es lo que ha determinado fatalmente que un mercado sin regulación provocara su propio colapso, y que un mercado sin regulación no tuviera sustentabilidad.
Esa es la situación que estamos enfrentando, que enfrenta el país en su conjunto. Porque son efectivamente más de 2 mil millones de dólares de exportaciones a finales del año 2007; son cerca de 50 mil empleos directos e indirectos y, según algunos, la amplitud de los indirectos permitiría incluso llegar a una cifra de cerca de 100 mil empleos.
Son tres Regiones en las cuales el impacto es muy fuerte desde el punto de vista laboral: la Décima Región de Los Lagos, la Undécima Región y la Región de Magallanes. Pero, sin lugar a dudas que en la que más fuerte el impacto es, en la Región de Los Lagos.
Y estamos asistiendo a una situación a un colapso que se ha producido en la industria del salmón, producto de los efectos sanitarios que produjo la sobreproducción. Esto de acuerdo con la totalidad de las opiniones recogidas de la comunidad científica, de las organizaciones no gubernamentales y seguramente, con la sola excepción del Presidente de la Asociación de la Salmonicultura, es decir, con la opinión de más del 90 a 95% de las personas consultadas.
Cabe señalar que la superficie cultivada en cuerpos de mar en Chile para la salmonicultura son 300 kilómetros cuadrados y en Noruega, que es el primer país exportador de este producto, para la misma producción, el mismo volumen, la misma cantidad miles, de millones de toneladas, utilizan una superficie de 1.300 kilómetros cuadrados.
O sea, se intentó producir donde no existían las condiciones para producir, se abusó del uso de los cuerpos de agua y se generó una sobreproducción que estaba por encima de las capacidades, tanto medioambientales como laborales y sanitarias. Todos estos factores finalmente han generado el colapso.
Quiero ser muy enfático en señalar que el representante de la Asociación de Bancos, que hizo el estudio informó que asistíamos, en realidad, a deudas impagables, y que en realidad el valor de las empresas es mejor hoy no discutirlo, prácticamente es mejor no tocar el tema.
Porque, según la nueva Encíclica Papal que se ha anunciado, esta codicia por producir de manera ilimitada y por rentabilidades exacerbadas, esta codicia generó finalmente un colapso de la producción que, por lo menos en la Región que yo represento, ha provocado una situación social de una catástrofe de enorme dimensiones en la provincia de Chiloé y en la provincia de Llanquihue, en las principales ciudades: Puerto Montt, Ancud, Castro y Quellón.
De manera que yo sostengo, que modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura que crean una nueva concesión, un nuevo tipo de concesiones acuícolas, porque permiten llevar a cabo operaciones económicas, es decir, realizar transacciones en el mercado de valores que hasta ahora no se pueden desarrollar. Posibilitará a que estas concesiones de acuicultura sean utilizadas como hipotecas y adquirir un nuevo valor, tanto económico como jurídico, que a su vez posibilite reponer la actividad productiva y económica.
Esta nueva legislación nos permite avizorar que en una perspectiva de 4, 5 ó 6 años, se podría recuperar la industria del salmón, en ningún caso en los niveles a los cuales alcanzó, sino que en niveles que sean sustentables desde el punto de vista medioambiental, laboral y sanitario.
Sin embargo, y es un punto aún clave por despejar, el límite que tendrán las concesiones acuícolas. Entiendo que el Ejecutivo comparte la idea de que tengan un plazo y que no pueden ser "ad aeternum". Sin embargo, queda la discusión respecto de las actuales concesiones. Porque no podría ocurrir, desde mi punto de vista, que paradojalmente, si se reanima la industria, si se logra reactivar la producción, las antiguas concesiones, las de aquellos que nos llevaron al desastre económico-social y medioambiental, tengan un plazo ilimitado en el tiempo y las nuevas concesiones tengan un límite.
De ser así estaríamos en presencia de concesiones acuícolas de distinto valor, tanto económico como jurídico. Por tanto tenemos que tomar una decisión legal para que el conjunto de las concesiones a partir de ahora tengan un plazo en el tiempo, que tengan caducidad a 30 años o a 20 años o el tiempo por el cual la nueva Dirección Nacional de Acuicultura que la ley quiere crear estime apropiado para estimular la reactivación y fortalecimiento de la industria de la salmonicultura nacional bajo reglas claras y precisas.
