Navarro, junto a Girardi y a Ominami pidieron al Gobierno que retire el Proyecto
«Absolutamente en contra de tener una Ley trucha sobre barrios salmoneros, que no garantice elementos esenciales como el resguardo al patrimonio estatal, ambiental y laboral de los trabajadores de la Región de Los Lagos», el senador Alejandro Navarro reiteró su voto en contra a la iniciativa y junto a sus pares Carlos Ominami y Guido Girardi y con las organiazaciones Ecoceanos, OLCA, el Centro de Conservación Cetácea y la Federación de Sindicatos de Pescadores solicitaron al Gobierno que retire el Proyecto de Ley de Acuicultura que privatiza el mar con consesiones hipotecables y a perpetuidad.
Navarro dijo que “no podemos permitir que nuestro mar termine en manos del mejor postor. Claramente esta es una hipoteca y por lo tanto, no da una garantía de producción de empleo permanente y adecuado para enfrentar la crisis de la Región del Los Lagos. Lo que aquí ha habido es un chantaje: la industria va a generar empleo, va a atacar un problema grave que tenemos, pero siempre y cuando haya una concesión hipotecable. O sea, cuando los recursos del Estado se pongan a disposición de los privados. Y eso no lo permitiremos”.
“¿Por qué el Estado no puede ser socio de esta industria? ¿Por qué no puede tener uno, dos o tres directores de tal manera de regular que el desarrollo de la industria cumpla con los parámetros que hemos acordado hasta su total recuperación? Aquí debe haber una relación público-privada. No podemos dejarle todo a estos últimos, como lo desea el empresario salmonero Víctor Hugo Pucci, quien ha manifestado que quiere el 100% de las acciones en los bancos, o sea que estos sean dueños de las concesiones, de un territorio de más de 30 mil kilómetros de extensión en el Sur de Chile”.
El legislador del MAS expresó que “esta no es una ley para los salmones es una Ley trucha. Una iniciativa que busca generar ingresos y riquezas para el sector salmonero, un sector que además ha fracasado, y aún con todos estos antecedentes lo que se hace es premiarla en vez de ponerle más fiscalización”.
Jorge Cumming dirigente de la CUT de la Provincia de Llanquihue fue enfático en señalar los daños que producirá la Ley de Pesca “no existen garantías para los trabajadores, sólo para los salmoneros, con esta ley se entrega derechos a la industria del salmón, pero no queda claro las condiciones para los pescadores artesanales ni para el turismo, pues no establece sí se prohíbe o permite el ingreso de estas importantes fuentes de trabajo por los barrios salmoneros que se pretenden entregar”.
“Los barrios salmones son incompatibles con la actividades de nuestra zona, pues los sectores que se están concesionado, son lugares de gran afluente turístico. Además la Ley otorga nuevas facultades a las salmoneras, sin establecer aún los graves daños al medio ambiente. La contaminación de las salmoneras es una responsabilidad que aún nadie ha asumido” puntualizó Cumming.
Cumming dirigente de una de las provincias más afectadas señaló que los trabajadores están indignados en la región por la Ley de Pesca, “hemos sostenido diversas reuniones con autoridades manifestando nuestro profundo rechazó antes las fatales consecuencia de esta ley. Hace tres semanas nos reunimos con Felipe Sandoval, encargado de la mesa del Salmón del Gobierno con los empresarios y también estuvimos presentes más de trescientos dirigentes en la sesión de la Comisión de Pesca del Senado que se efectuó en Puerto Montt, en ambas oportunidades le hicimos ver nuestra preocupación por los temas pendientes que deja la ley, pues no establece ninguna garantía ambiental ni laboral. Pesé a esto vemos que se esta legislando en las mismas condiciones, dando la espalda a los trabajadores y desconociendo los daños futuros”
Con el apoyo del Senador Alejandro Navarro se desea frenar la iniciativa legal que en la región es rechazada. “Creo que las empresas y la industria salmonera no están en condiciones de garantizar a todos los chilenos, particularmente a los de la Región de los Lagos que van a hacer las cosas bien, ni el Estado está en condiciones de garantizar que va a regular. ¿Va a regular el IFOP? ¿Va a investigar un IFOP que está, en la práctica, quebrado, que está absolutamente desfinanciado, que se le hace competir, al igual que cualquiera universidad o instituto, por recursos para investigar para el Estado?”.
Además, Navarro recordó que “el Estado ya está operando por la vía de resoluciones y decretos. El 1.449, del 12 de junio, y el 450, del 23 de enero de este año, regulan antes que la ley las agrupaciones de concesiones que justamente el proyecto pretende incorporar, con materia sanitaria y ambiental. Es decir, antes de que tengamos aprobada la ley, la idea, el concepto de agrupación de barrio salmonero, particularmente en materia sanitaria, ya está siendo regulada por decreto. ¡No nos engañemos!”
“De esta forma-continuó- el proyecto queda reducido a permitir la hipoteca de la concesión ante la banca y al compromiso del Estado de renunciar a sus obligaciones de aplicar causales de caducidad (artículo 81) por tres años. Y, efectivamente, no es que se imponga la término por materia medioambiental, sino que se le excluye la caducidad por esa materia, lo que es el principal elemento de la desconfianza.
El presidenciable resaltó que “si estas concesiones son entregadas en garantía a los bancos, sería especialmente grave. Como consecuencia, se daría legitimidad al funcionamiento de un mercado secundario de transacción de estas concesiones. Esto atenta contra el espíritu del sistema de concesiones, en el cual el Estado cede parte de su propiedad a los privados para el desarrollo de actividades productivas, no para la especulación financiera.
“¿Cuánto pagaban las salmoneras al Estado? Dos UTM por hectárea al año; es decir, exactamente 73 mil 700 pesos anuales. En el caso de la Región de Los Lagos, Aisén y Magallanes, en las 10 mil hectáreas que estas poseen actualmente, en el año 2007 se pagó por concepto de concesiones de la industria salmonera el 0.2 por ciento de sus utilidades, y solo el 0.053 de sus ventas”.
Se pasa a llevar a los artesanales
Por otro lado, Navarro enfatizó que “los pescadores artesanales han sido muy claros en señalar que el artículo 47 de la Ley de Pesca declara que el uso de las 5 millas es reserva de la pesca artesanal al ejercicio de las actividades extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas, medidas desde la línea de base normales, a partir del límite norte de la República y hasta el paralelo 41°28,6’ de latitud sur, y alrededor de las islas oceánicas. Es decir, con esta iniciativa se está vulnerando un principio esencial de la Ley de Pesca, en particular en resguardo de los intereses del sector artesanal.
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