Como una clara muestra de los efectos negativos del lucro en la educación calificó el senador Rabindranath Quinteros las situación que vive el personal del Colegio Domingo Santa María de Puerto Montt, que busca desde principios de mes un acuerdo laboral favorable con el grupo sostenedor del establecimiento.
El parlamentario precisó que los trabajadores del Colegio aspiran a una mejora real y universal de sus remuneraciones y de las condiciones de la función docente entre las que se cuentan bonos de jefatura, de responsabilidad y el aumento de las horas de planificación, considerando la calidad de Colegio Bicentenario del Establecimiento, así como el control efectivo de las horas trabajadas y el pago del trabajo extraordinario.
“Es lamentable que los sostenedores del colegio Domingo Santa María, no sean capaces de ofrecer un mejor estándar laboral a sus trabajadores docentes y no docentes, especialmente considerando que los recursos que recibe le permitirían mejorar sustancialmente los sueldos de su personal, cosa que no están haciendo porque al parecer privilegian maximizar sus ganancias”, afirmó el senador Quinteros.
140 trabajadores entre docentes, asistentes y funcionarios laboran en el establecimiento administrado por la Sociedad Educacional Ralún, perteneciente al Grupo Larraguibel, que posee además otros 3 colegios a nivel nacional, con una matrícula de más de 7 mil alumnos, de los cuales 2500 pertenecen al Colegio Domingo Santa María.
El Grupo Larraguibel, ocupa el tercer lugar nacional, año 2013, en recaudación de subvención escolar, por la suma de 6 mil doscientos millones de pesos anuales. A la fecha, el colegio Domingo Santa María ha recibido más de mil 700 millones de pesos por la vía de la subvención.
El senador Quinteros sostuvo que, adicionalmente, el sostenedor declara arrendar el edificio del establecimiento a la sociedad inmobiliaria Cotaconi, cuyo representante legal es el mismo de la sociedad educacional Ralún, René Larraguibel, socio del grupo Larraguibel.
Las negociaciones por mejoras laborales están entrampadas desde el 4 de septiembre, fecha en que el sostenedor presentó su última oferta, la que no cumplió con los requisitos legales -por lo que no puede reemplazar trabajadores en caso de huelga-, lo que fue ratificado por la Inspección del Trabajo con fecha 12 de septiembre.
Los funcionarios votaron la huelga el día 10 de septiembre con adhesión del 100%. Sin embargo, accedieron a paralizar la movilización entre el 12 y el 25 de septiembre con la mediación de la Inspección del Trabajo a fin de buscar un acuerdo entre las partes, cuestión que hasta ahora ha dado resultados.
A juicio del legislador, situaciones como ésta –que se repiten a lo largo de todo el país- no hacen más que avalar la necesidad de realizar un profundo cambio en la forma de administrar la educación.
“Una educación de calidad como la que queremos para Chile sólo será posible si logramos, como país, asumir la idea de que la educación no es un bien de mercado, sino un derecho que involucra también un trato justo y respetuoso hacia los docentes y asistentes de la educación”, señaló el parlamentario.
Quinteros explicó que el proyecto de ley actualmente en discusión y que termina con el lucro, el copago y la selección en la Educación, establece que la subvención sólo se puede gastar en fines educativos tales como sueldos de los profesores, directivos, asistentes de la educación y funcionarios, materiales e insumos para la gestión educativa, gastos de funcionamiento del establecimiento y gastos en el proyecto educativo.
Además, precisó que prohíbe el retiro de utilidades y los contratos entre personas relacionadas –familiares o socios- y exige que todos los sostenedores deben ser dueños de sus activos esenciales, asegurando así que los recursos se gasten efectivamente en educación.
Oficina Parlamentaria
Senador por la Región de Los Lagos
Rabindranath Quinteros Lara
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Puerto Montt
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