- La parlamentaria UDI explicó que el proyecto permitirá asistencia gratuita para los sectores más vulnerables.
La diputada UDI Marisol Turres expresó su satisfacción por la aprobación, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, de la reforma constitucional que asegura asistencia jurídica gratuita para las personas que no puedan procurársela por sí mismas. “Esta reforma responde al clamor de las víctimas de delitos de contar con asistencia jurídica para hacer valer sus derechos. Hasta ahora la ley garantizaba la defensa sólo a los imputados, sin que les reconociera el mismo derecho a a las víctimas. A partir de esta reforma, las víctimas podrán acudir en igualdad de condiciones a los tribunales”, señaló la parlamentaria.
La iniciativa se originó en una moción de senadores de la Alianza que fue aprobada en primer trámite por el Senado. Sin embargo, el proyecto fue modificado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara tras conversaciones desarrolladas entre el ministro de Justicia y diputados de las bancadas de gobierno y oposición. “Así, se incorporará como un derecho fundamental, en el artículo 19 número 3 de la Constitución, la garantía para que el Estado entregue asesoría jurídica a las víctimas de delitos”, explicó la parlamentaria.
La diputada Turres detalló que en la Comisión existe acuerdo para que la asistencia gratuita se canalice a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial. “La idea es que el Estado asuma la representación jurídica de las víctimas de delitos más violentos y que no puedan procurársela por sí mismas. En las Corporaciones existen pequeños equipos con experiencia que, en medio de la precariedad, han sabido dar un muy servicio a favor de las víctimas obteniendo resultados destacables, como la sentencia condenatoria que conocimos ayer en Puerto Montt contra un funcionario del DEM por violación de una menor. Por ello proponemos que las CAJ sean modernizadas y profesionalizadas para que asuman a cabalidad esta materia”, agregó.
“La familia Marín de Alerce, la familia Altamirano de Carelmapu, los Raipillán de Puerto Montt y tantos otros saben que durante muchos años, incluso antes de asumir como parlamentaria en 2006, hemos trabajado para poner fin al desamparo de las víctimas. La aprobación de la reforma es un gran paso, encaminado a mejorar de manera sustancial la asistencia jurídica a las personas de escasos recursos, que son justamente quienes más sufren el flagelo de la delincuencia en nuestro país. Por eso llamo a todos los diputados a que aprobemos en forma unánime en la Sala de la Cámara Baja esta reforma constitucional. Las víctimas de delitos y sus familias así lo exigen”, sentenció la diputada Marisol Turres.
