viernes, abril 25, 2008

La seguridad pública es prioritaria para el gobierno
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Seremi Pérez destaca iniciativas legales

El vocero de Gobierno (s) Armando Pérez Navarro destacó el envío al Congreso por parte del Ejecutivo, de dos proyectos de ley que forman parte del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública al que se arribó en noviembre pasado con la oposición. Ambas iniciativas están enmarcadas en la estrategia nacional y se orientan, por una parte, a la creación de un fondo nacional para la representación de las víctima de delitos, y por otro, busca medidas alternativas para las penas privativas, proponiendo la reparación del daño, trabajo comunitario y al mismo tiempo, la imposibilidad de acceder a la libertad vigilada en delitos graves.

El primero de ellos, según comentó el seremi Pérez, referido a la creación del fondo estatal, considera recursos anuales de la ley de presupuestos. Será administrado por el Ministerio de Justicia y apunta a brindar una efectiva protección a personas naturales víctimas de delitos violentos. Para su funcionamiento se propone la creación de un consejo nacional para la representación de víctimas de delitos, que será un cuerpo colegiado autónomo y cuyo titular lo nombrará el Presidente de la República. Los cuatro restantes serán del Poder Judicial, del Ministerio Público, y dos académicos nombrados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado. Este consejo tiene como misión proponer formas de externalización del sistema y la distribución de los fondos, entre otros. Precisó Pérez que para acceder a la representación judicial que ofrece dicho sistema es requisito ser persona natural víctima de un delito grave como homicidio, parricidio, secuestros, sustracción de menores, delitos sexuales, robo con violencia y lesiones graves en violencia intrafamiliar.

El segundo proyecto establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad con el fin de incorporar nuevas opciones al cumplimiento de penas en las cárceles. Se incorporan la reparación del daño que obliga a resarcir a la víctima por el perjuicio causado por el hecho ilícito, y trabajo en beneficio de la comunidad. Por último el proyecto establece la improcedencia de la libertad vigilada en ciertos delitos graves. De igual forma se incorpora en el proyecto el monitoreo electrónico como forma de posibilitar la reclusión nocturna efectiva y a distancia y mejorar así las normas sobre quebrantamiento de condenas.

Indicó el vocero de Gobierno que, según la reciente encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana del INE en los últimos 12 meses bajó el número de hogares afectados por algún delito desde un 38,4% a un 34,8 por ciento, cayendo la victimización en gran parte del país. También hubo una disminución de delitos reduciéndose en un 11,4%. Ello significa, puntualizó, que se dejaron de cometer 350 mil delitos, sobre todo en lo que dice relación con hurtos, lanzazos, robos con fuerza en lugar habitado y los robos desde vehículos. “Los logros que se han alcanzado en este ámbito son fruto del esfuerzo de todos, porque es el conjunto de la sociedad el que está en esta batalla para ganarle al flagelo de la delincuencia, y eso se ha internalizado en la sociedad civil, policías, autoridades y la comunidad toda”, sostuvo.


Secretaría Regional de Gobierno. RR.PP. (25.04.08)