por Mario Fernández Gutiérrez
Decano Medicina y Biociencias
Universidad San Sebastián
Después de las demandas por educación, viene salud. El comentario se escucha con frecuencia y es que la salud se desarrolla en un modelo poco equitativo.
La principal crítica se centra en la distribución del gasto, que el 2010 superó los US $ 12.000 millones, con un gasto per cápita de US $400 para los más de 12 millones de afiliados a Fonasa y unas 4 veces superior para los afiliados a Isapres. También critican la ineficiencia de hospitales públicos, la injusta distribución de subsidios y las imperfecciones de la institucionalidad que regula la salud privada.
Recogiendo las críticas al modelo heredado, el Presidente Sebastián Piñera invitó a expertos a estudiar una reforma. Generaron dos propuestas orientadas a corregir las inequidades, asegurando un plan básico de salud común para todos, independiente de la condición social y sistema previsional.
La propuesta minoritaria, atribuida a miembros de la comisión cercanos al empresariado e Isapres, sugería financiar el sobrecosto del plan con subsidios directos del Estado, sin afectar la cotización individual, destinando los excedentes por sobre el costo del plan -calculado en unos $17.000 por carga- a mejorar coberturas y calidad del plan individual.
La segunda propuesta, formulada por salubristas y otros expertos, sugería un modelo solidario que obliga a que grupos con altos ingresos y baja siniestralidad traspasen parte de sus excedentes a un fondo común que subsidie el diferencial de los pobres, cuya cotización no cubre el costo familiar del plan universal.
A más de un año de las propuestas, el Ejecutivo está próximo a presentar un proyecto que recoge lo mejor de ambas ideas, con inclinaciones al modelo solidario. Busca promulgar una reforma profunda -tal vez más importante que aquella que el 2005 originó el Auge- que lo haga más equitativo, transparente y eficiente, que dé mayor libertad de elección a usuarios cautivos y asegure calidad, oportunidad y costo para todos.
En lo particular, además de crear el Plan Único de Salud y fijar su fórmula solidaria de financiamiento, reglamenta las Isapres, por ejemplo, crea un IPC de la salud basado en análisis del mercado, que permita a la autoridad fijar el precio base de los planes e instaura un “Panel de Expertos”, que analizará las variables que afectan el precio de las prestaciones.
La reforma atiende también problemas de financiamiento y control del subsidio por incapacidad laboral transitoria (licencias médicas) separando su financiamiento del destinado a las atenciones de salud e incorporando financiamiento compartido entre trabajador y empleador.
Que jóvenes subsidien a viejos, hombres a mujeres, sanos a enfermos y aquellos con mayores ingresos a los que tienen menos son acciones de solidaridad recogidas en la ley que el Presidente debiera promulgar tras su discusión en el Parlamento y que, por su esencia, debiera concitar consenso. Avanzar en oportunidad, eficiencia y solidaridad del modelo es la única manera de asegurar salud de calidad para todos.
