- Basada en una propuesta del Consejo para la Transparencia (CPLT) de Chile, la declaración aborda en uno de sus puntos la necesidad de “ir más allá de las obligaciones que dictan las normas sobre transparencia y el acceso a la información” y llama a los organismos públicos a asumir la transparencia desde una perspectiva de carácter proactivo sobre todo en aquellas las decisiones públicas que se adoptan para manejar la pandemia, así como los fundamentos que se tuvieron a la vista para adoptarlas.
- La Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), instancia de intercambio de organismos y/o entidades de Iberoamérica que desarrollan supervisión en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y protección de datos personales, emitieron una declaratoria compartida sobre la relevancia de estas herramientas en tiempos de Covid-19 y estados de emergencia vigentes. Consejo para la Transparencia de Chile tuvo un rol destacado.
En este marco, la comunicación titulada “Importancia de fortalecer la transparencia y el acceso a la información ante la emergencia sanitaria COVID-19 en la región iberoamericana”, plantea una mirada común de las entidades integrantes en términos de la relevancia tanto de las acciones eficaces y oportunas en el manejo de la pandemia desde el punto de vista sanitario, como de “su legitimidad ante la ciudadanía”. Esto último, requiere –acorde a la declaración- de máxima transparencia, pues ésta contribuye al fortalecimiento de la credibilidad, confianza y adhesión ciudadana a las medidas adoptadas por la autoridad.
Basada en una propuesta del Consejo para la Transparencia (CPLT) de Chile, la declarativa aborda en uno de sus puntos la necesidad de “ir más allá de las obligaciones que dictan las normas sobre transparencia y el acceso a la información” y llama a los organismos públicos a asumir la transparencia desde una perspectiva de carácter proactivo sobre todo en aquellas las decisiones públicas que se adoptan para manejar la pandemia, así como los fundamentos que se tuvieron a la vista para adoptarlas.
Y agrega que esta práctica proactiva debiera mantenerse y replicarse asociada a decisiones de la autoridad sobre efectos derivados del manejo de la pandemia, así como en el ámbito económico, social y las venideras etapas de desconfinamiento.
El presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, sostuvo al presentar la propuesta de declaratoria el valor del intercambio de experiencias y el aprendizaje entre países y que la visión común que se plantea respecto del rol fundamental que deben cumplir los órganos garantes de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales de Iberoamérica "para favorecer la confianza de las instituciones, el control ciudadano y la estabilidad democrática" en la situación de emergencia sanitaria, social y económica derivada de la pandemia.
Otra cuestión relevante para la Red de Transparencia es la calidad de esta transparencia con carácter proactivo, la que “requiere trabajar en publicar una información de calidad, con criterios de medida armonizados, basada en evidencias técnicas y científicas, confiable en sus fuentes, oportuna, útil y que sea clave para tomar decisiones adecuadas para la actuación temprana, la respuesta a la pandemia, y por tanto para salvar vidas”.
Rendición de cuentas
Asimismo, la RTA advirtió de un mayor riesgo en contextos de emergencia a mal utilizar recursos, hechos que atentan contra la probidad, entre otras situaciones irregulares, ante lo urgente del accionar de las instituciones. Por ello, la declaración sostiene: Que gobiernos e instituciones públicas deben ser probas y tener un riguroso cuidado en el buen uso de los recursos públicos que se han destinado para hacer frente a la emergencia sanitaria por Covid-19. Asimismo, subrayan la necesidad de entrega de información clara, segura y de manera sencilla, mediante rendiciones de cuentas oportunas, completas y veraces. Sumado a lo anterior enfatizan en la importancia de la supervisión minuciosa del gasto público.
Limitaciones a derechos
Otro punto abordado por la declaración refiere a la situación de países en los que estén vigentes Estados de Excepción Constitucional de Catástrofe, siendo “obligación de las autoridades competentes dar estricto cumplimiento a su deber de poner en conocimiento de la ciudadanía todas aquellas decisiones que signifiquen restricciones o limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales que correspondan”, así como los fundamentos que les sirven de sustento.
