Así lo informó la diputada de la UDI Marisol Turres quien presidió la Comisión Investigadora del SENAME que se formó luego del trágico incendio que costó la vida de 10 jovenes infractores de ley en Puerto Montt.
"Luego de la aprobación del Informe Final de nuestro trabajo por la sala, agradezco a mis colegas diputados por haber confiado en mí y haberme dado la oportunidad de presidir la Comisión Investigadora del SENAME" señaló la diputada Marisol Turres.
El Informe fue aprobado sólo con votos favorables, sin ningún voto en contra y con la abstención de un diputado del mismo partido que el Ministro de Justicia. "Considero muy importante de destacar que los integrantes de la Comisión logramos emitir un Informe único. Muchas veces las comisiones investigadoras llegan con dos informes distintos para que sean votados en la sala (uno de gobierno y otro de la Alianza), el que eso no haya sucedido en este caso, demuestra que la Comisión Investigadora hizo un trabajo serio, objetivo y profesional" indicó Turres.
Tambien considero destacable que los diputados hayamos constatado en terreno, visitando Centros del SENAME, que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente aún no es implementada: subsiste el hacinamiento, las deficiencias graves de infraestructura, falta capacitación de los funcionarios, no existen programas de rehabilitación y capacitación, no existe disciplina interna, lo que vulnera gravemente la letra y el espíritu de la ley. Todo ello consta en el extenso Informe de más de 300 páginas.
El Informe aprobado por la Cámara de Diputados atribuye responsabilidad política al Ministro de Justicia por la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en esas condiciones precarias y por haber informado erróneamente al Congreso que todo estaba listo para partir, cuando iba a vencer la prórroga del plazo de un año para la entrada en vigencia de la Ley.
Por los hechos ocurridos en Puerto Montt que culminaron con la muerte de 10 personas, el Informe aprobado por los diputados establece responsabilidades politicas de la ex Directora Nacional , del Director Regional, de la Directora del Centro del SENAME y de la SEREMI de Justicia Levy Barría.
Además, el Informe contiene un llamado a los Ministros de Justicia y Hacienda y al Director del SENAME para que subsane de una vez por todas las deficiencias existentes en ese servicio.
“El Informe de la Comisión Investigadora contiene material muy valioso que debe ser considerado por el gobierno para solucionar tantos temas pendientes, pues resulta incomprensible que habiendo transcurrido más de un año y medio desde el incendio que causó la muerte de 10 personas en el SENAME de Puerto Montt, el gobierno aún no solucione los problemas que reclaman la comunidad, los familiares de los infractores, los funcionarios del SENAME y de Gendarmería. El gobierno debe cumplir con su obligación legal, pues en las actuales condiciones los menores que están en Centros Cerrados no tienen ninguna posibilidad de rehabilitarse y algunos que están en régimen Semicerrado y que delinquen durante el días, sólo usan los Centros como caletas o dormitorios, pues no existe control de ellos durante el día”, finalizó la diputada Marisol Turres.
El Informe completo está disponible en la página web de la Cámara de diputados.
A continuación transcribo los principales conclusiones contenidas en el Informe aprobado, en lo que se refire a I.- Entrada en vigencia de la ley; II.-Hechos acaecidos en Centro tiempo de Crecer de Puerto Montt, y III.- Eestado actual de los Centros del SENAME:
3.- RESPONSABILIDADES
I.-ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY
La Sala de la Cámara de Diputados, en sesión 26ª, celebrada el 15 de mayo de 2007, discutió una indicación presentada al proyecto de ley que introducía diversas modificaciones en la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal adolescente, para postergar su entrada en vigencia. Sin embargo, el Ministro de Justicia señaló ser partidario de que entrara en vigencia porque existían razones importantes, por ejemplo, que produciría beneficios para la ciudadanía; que la responsabilidad penal juvenil ya no se aplicaría ni en forma encubierta ni disfrazada; que la responsabilidad penal adolescente generaría la apertura de oportunidades de realización e inserción que, sin ser las óptimas que se pretenden y por las cuales el Gobierno seguiría trabajando en el mediano plazo, a lo menos serán claramente superiores a los valores actuales.
Asimismo, el Ministro de Justicia, en ese acto, asumió el compromiso de concurrir a la Comisión de Constitución, con el fin de informar el estado de implementación y aplicación del sistema, incluyendo las dificultades que se produzcan: “Estaremos atentos a las observaciones que hagan los señores diputados y los actores del sistema: las policías, el Ministerio Público, las defensorías y los tribunales. En tal sentido, me comprometo a presentar no sólo mensualmente el estado de avance de la implementación y una constancia de las virtudes y dificultades que la aplicación práctica de la norma arroje, sino también, en todo lo necesario respecto de modificaciones de ajustes legales que permitan que la ley cumpla sus propósitos”.
Es decir, el ministro ofreció condiciones, que sin ser las óptimas, eran superiores a las del momento.
Por tanto, la Comisión concluyó que el diagnóstico elaborado por el Ministerio de Justicia, el cual sirvió de base para la consideración del Congreso Nacional, fue errado.
Asimismo, las condiciones mínimas objetivas que el Ministro señaló no se cumplieron, existiendo por tanto responsabilidad del Ministro de Justicia, señor Carlos Maldonado Curti, y de la Directora Nacional del SENAME de la época, señora Paulina Fernández.
II.-HECHOS ACAECIDOS AL INTERIOR DEL RECINTO TIEMPO DE CRECER (PUERTO MONTT).
El artículo 74 del reglamento de la ley N° 20.084, regula los planes de emergencia de que deberán disponer los distintos centros del SENAME. En efecto, prescribe lo siguiente:
“Plan de emergencia. Los centros desarrollarán anualmente un plan de emergencia, en concordancia con las directrices y normas emanadas del Servicio Nacional de Menores, respecto de la prevención de riesgos y seguridad, a fin de prevenir y reaccionar adecuada y oportunamente ante alguna contingencia.
En todo caso, en lo relativo a la seguridad, los centros siempre deberán contar con la asesoría de Gendarmería de Chile.
Los procedimientos para abordar las situaciones de riesgo, deberán ser regulados mediante instructivo impartido por el Servicio Nacional de Menores”.
Al momento de ocurrir los hechos en el centro de Puerto Montt, no se había dado cumplimiento a esta obligación reglamentaria.
De ello, a juicio de l Comisión, se derivan responsabilidades funcionarias directas de las siguientes autoridades:
- Directora Nacional del SENAME, señora Paulina Fernández Fawas, quien, si bien a la fecha de acaecidos los hechos ya no ocupaba el cargo, tenía la responsabilidad de haber dado cumplimiento a dicha obligación. Lo anterior, queda demostrado con que sólo después de los hechos de Puerto Montt se despachó Memorándum N° 5293, de fecha 6 de diciembre de 2007, en el cual el Director Nacional del SENAME solicitó a los directores regionales, el envío de los planes de contingencia de cada establecimiento, estableciendo ciertas directrices y ordenando acciones específicas a realizar: revisar las condiciones de infraestructura de los centros; verificar que todos los sistemas, equipos, vehículos, materiales, herramientas y accesorios estén dispuestos para afrontar situaciones de emergencia; confirmar que se hayan realizado las coordinaciones correspondientes con Gendarmería, Carabineros, Bomberos y demás servicios de apoyo; supervisar las modificaciones y refuerzos en la ejecución diaria de los planes de actividades de los centros; asegurar que los centros cuenten con el personal suficiente y eventuales refuerzos en turnos en períodos críticos.
- Director Regional del SENAME, Carlos Navarro Pérez.
- Directora del Centro Tiempo de Crecer, Lorena Navarro Vargas.
- Secretaria Regional Ministerial de Justicia, Lebby Barría Gutiérrez, quien tenía la obligación de haber supervisado la puesta en marcha en el ámbito de su jurisdicción.
III.-ESTADO ACTUAL DE LOS CENTROS
Transcurridos ya más de 14 meses desde la entrada en vigencia de la ley, siguen ocurriendo graves hechos en diversos centros del país que ponen en peligro la seguridad y la vida tanto de los menores privados de libertad como de los funcionarios de SENAME y de entidades colaboradoras que trabajan en su interior. En efecto, de acuerdo a lo recabado por esta Comisión Investigadora, persisten graves falencias que dificultan el cumplimiento de los objetivos que inspiraron al legislador: la sanción de los menores infractores de ley junto con reales oportunidades de rehabilitación y reinserción social. Es así como se pueden enumerar, sin que ello sea taxativo, los siguientes problemas:
1. Recintos inadecuados que impiden la segregación por edad y por situación procesal.
2. Hacinamiento.
3. Falta de elementos mínimos como frazadas o policarbonato en las ventanas y condiciones antihigiénicas en los baños.
4. Existencia de materiales inflamables al interior de los recintos.
5. Falta de número de funcionarios de SENAME y de Gendarmería y de capacitación de los mismos para cumplir adecuadamente con el rol que les corresponde.
6. Falta de dependencias para los funcionarios de Gendarmería para cubrir de manera adecuada su sistema de turnos.
7. Falta de oferta educacional sistemática.
8. Condiciones de inseguridad y de riesgo para los menores internos y para los funcionarios que allí laboran.
Además de las restantes que han sido descritas en el cuerpo del presente informe.
Por lo anterior, la Comisión exhorta al Gobierno, y en especial a los Ministerios de Hacienda y de Justicia, a disponer a la brevedad de los recursos económicos y humanos necesarios para una adecuada implementación de la ley, así como avanzar rápidamente en el rediseño institucional del SENAME, acordado, en el marco de la agenda de seguridad pública entre Gobierno, Concertación y Alianza.
Asimismo, insta al Director Nacional del SENAME, señor Eugenio San Martín Truffy, a adoptar las medidas de corrección necesarias para subsanar las deficiencias observadas durante el trabajo de esta Comisión Investigadora.
