La Diputada de la UDI por el Distrito 57 Marisol Turres solicitó a través de la Cámara de Diputados, que una serie de servicios públicos investiguen la denuncia realizada respecto de la construcción de un vertedero ilegal, en las cercanías del Sitio Arqueológico de Monteverde.
La parlamentaria se informó de la denuncia realizada por el Concejal de Puerto Montt Leopoldo Pineda, respecto del desvío de las aguas del estero Chinchihuapi, y la construcción de piscinas en un predio cercano al sitio, que a su juicio, corresponderían a obras civiles para la concreción de un relleno sanitario, en los terrenos que pertenecen al dueño de una empresa dedicada a la gestión de residuos
“Monte Verde es el sitio arqueológico más importante de América, y por ello, debe ser cuidado por todos nosotros. Lamentablemente, hoy está amenazado por la construcción de ese vertedero ilegal, porque el desvío de las aguas del estero podría afectar tanto a la zona que ya ha sido estudiada, como a los lugares donde aún no se desarrollan excavaciones”, señaló la Diputada Turres.
“Pero además, hay que tener en cuenta que ese vertedero se ubicaría en un sector cercano a la línea de aterrizaje de los aviones que llegan al Aeropuerto El Tepual, uno de los de mayor movimiento del país. La acumulación de basura atrae aves, y por eso, su presencia constituiría un factor de peligro para la seguridad del tránsito aéreo en la zona” agregó
“Los funcionarios municipales que el Alcalde Quinteros envió al lugar, habrían constatado corte ilegal de bosque nativo, el desvío ilegal del estero, la construcción ilegal de caminos e instalaciones para una posible actividad industrial ilegal. Es decir, estaríamos en presencia de un peligro de daño ambiental cerca de Monte Verde, el Patrimonio Arqueológico más importante de nuestra comuna y que representa un tesoro de la arqueología mundial, que no podemos darnos el lujo de destruir”, afirmó la Diputada Marisol Turres.
Por ello, la parlamentaria de la UDI solicitó la acción de diversos servicios públicos, para que se constituyan a la brevedad, e informen, haciendo uso de sus facultades fiscalizadoras. “Es necesario que Conaf certifique si hubo realmente tala de bosque nativo, que el Ministerio de Agricultura, y el SAG se refieran al uso ilegal de un terreno destinado a la actividad agrícola, que el Seremi del Medioambiente evalúe si se ha provocado daño ambiental; y si ello ha ocurrido, que el Consejo de Defensa del Estado estudie el inicio de acciones legales indemnizatorias” finalizó la Diputada Marisol Turres.
