La diputada Marisol Turres se refirió a la situación del proyecto vertedero de La Laja recordando que el 13 de mayo del 2009, la COREMA Los Lagos aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del Relleno Sanitario, e impuso diversas exigencias al titular del proyecto, que debían ser cauteladas por la misma COREMA que presidían los intendentes.
Asimismo, recordó que un año más tarde el ex Intendente Montes cuestionó públicamente el proyecto, formulando reparos a su ejecución, a la tecnología y anunció que se revaluaría ambientalmente: “No obstante esas afirmaciones, similares a las que hace hoy desde otro país, el proyecto nunca se reevaluó y tampoco el ex intendente trabajó en ningún proyecto alternativo que se pueda ejecutar a corto plazo, es decir, el ex intendente administró más de 200 mil millones de fondos regionales y no implementó ninguna solución alternativa. No más excusas, el ex intendente debe asumir sus responsabilidades”, señaló Marisol Turres.
El Consejo de Auditoria Interna de Gobierno, que presidía el ex Ministro de Justicia Teodoro Rivera, formuló una serie de observaciones a la ejecución de ese proyecto durante la gestión del ex intendente, situación que se ratificó además con un informe de Contraloría del 2012 a requerimiento de la diputada Turres: “La petición que formulé desde la Cámara de Diputados, constató que se habían pagado 709 millones de pesos en consultorías, que se habían pagado 883 millones en trabajos previos, que 1.800 millones fueron traspasados a algunos municipios para comprar contenedores o camiones, y que el proyecto de Relleno Sanitario presentaba 3 años de atraso. En ese contexto, no es serio que este ex funcionario responsabilice a terceros de su propia inacción, pues si no compartía el proyecto tuvo la oportunidad y el deber de implementar una solución alternativa y no lo hizo. No es aceptable que dé lecciones y responsabilice a terceros, si nada hizo”
Agregó que “Contraloría ha realizado distintas investigaciones a la gestión del ex intendente, como el del Vertedero La Laja, a su contrato con Educación 2020, recursos transferidos a Fundación Chinquihue, y en todos se detectaron irregularidades. Una de mis funciones como diputado es fiscalizar el uso de fondos públicos, y yo hago la pega", finalizó la diputada Marisol Turres.
