Como ya es de público conocimiento, se ha iniciado un debate a través de diferentes órganos de la prensa local, respecto de las dificultades por falta de insumos de oficina básicos, con que se encuentran los egresados de derecho (postulantes), en su practica profesional en el Consultorio Jurídico de Puerto Montt, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial Región del Bío Bío (CAJ), hecho denunciado por la Diputada Sra. Marisol Turres.
Este problema, que también afecta diariamente a quienes trabajamos en la CAJ, particularmente en la Xa. Región, es sólo la parte visible de una problemática relevante en la sociedad y que se discute, por ahora, con una visión parcializada en los medios de comunicación, sin abordar el hecho fundamental que afecta a amplios sectores de la población, tal es el acceso a la justicia, de quienes, al carecer de medios económicos propios, deben solicitar los servicios de un abogado en forma gratuita que otorga el estado.
Los funcionarios y funcionarias de la CAJ (Consultorios Jurídicos, Consultorio Móvil, Centro de Mediación y Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos), nos vemos exigidos, día a día, por la alta demanda de personas que reclaman justicia, en materia familia, penal (víctimas), laboral y civil, debiendo trabajar, al igual que los postulantes, en condiciones muchas veces indignas y que en ocasiones producen menoscabo a nuestra condición de servidores públicos.
Esta situación que hoy se pone en el tapete, a nuestro parecer, se provoca debido a una combinación de factores absolutamente manejables, como lo es la falta de recursos materiales y humanos por una parte, y la mala gestión administrativa, técnica y financiera de quienes tienen la responsabilidad de dirigir adecuadamente la institución por otra, sumado a la falta total de fiscalización de quienes tienen facultad y obligación de hacerlo, puesto que se trata del manejo de recursos públicos que nos pertenecen a todos.
Las CAJ son las instituciones a través de las cuales el estado operacionaliza la política pública de acceso a la justicia de un numeroso sector de la población. Por esa razón el presupuesto de las CAJ mayoritariamente proviene del Ministerio de Justicia, con un menor porcentaje proveniente de subvenciones municipales, las cuales tienen como
objetivo, solventar el gasto de materiales básicos que posibiliten el funcionamiento de los Consultorios Jurídicos existentes en casi todas las comunas de la región.
Ante los hechos expuestos y asumiendo la responsabilidad que nos compete como Asociación de Funcionarios de la CAJ del Bío Bío, queremos compartir nuestros puntos de vista de cara hacia la opinión pública, puesto que no debe seguir postergándose la creación de un Servicio Nacional de Asistencia Jurídica, con dependencia y financiamiento íntegro del Ministerio de Justicia, con profesionales que trabajen en forma exclusiva para dicho servicio, dando así garantías de acceso a la justicia a toda persona que no pueda hacerlo con recursos propios.
Creemos además que en esa perspectiva, es urgente que las CAJ acojan y den cumplimiento cabal al instructivo presidencial sobre buenas prácticas labores, explicitado en el Código de Buenas Prácticas Laborales.
Hacemos un llamado a la ciudadanía en general y al colectivo de profesionales relacionados al ámbito de la Justicia en particular, a asumir un rol activo y protagónico en este debate transversal, el que debe ampliarse más allá de la falta de insumos, concientes que lo que verdaderamente hace falta, es que el acceso a la justicia sea asumido como una tarea urgente de la sociedad toda.
Puerto Montt, 06 de Agosto de 2007.
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS
CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL
REGION DEL BIO BIO
