Por Jaime Mañalich
Director IPSUSS
Universidad San Sebastián
La Ley Ricarte Soto está a punto de ser aprobada por el Congreso, apresuradamente, para lograr cumplir con un objetivo político, no uno de salud: que se pueda anunciar el 21 de mayo. Las Leyes en Salud son como las recetas. A pesar que teóricamente se prescriben para lograr un bien, los efectos adversos pueden superar con creces a los beneficios. Y el proyecto, como está, tiene varios efectos colaterales.
El primero, termina con la investigación farmacológica en Chile. Cooperar al desarrollo de vacunas, alimentos o insumos médicos es una obligación moral y de desarrollo. A pesar que la Ley de Derechos y Deberes define muy bien, de acuerdo a la normativa y concepción ética global, las normas de protección y seguridad en la investigación médica, la propuesta de Ley Ricarte Soto se entromete en un ámbito que no es parte de su espíritu. Chile será excluido de protocolos de investigación, no tendremos una agencia de Medicamentos aprobada como de alto nivel por la OMS, y muchos científicos no tendrán fondos.
Segundo, el monto ofrecido por Hacienda es ínfimo. No se entiende que se esté dispuesto a gastar US$2.400 millones en un nuevo subsidio al Transantiago, o una cifra sideral en el aumento del número de Parlamentarios, y para esta Ley, asunto de vida o muerte para miles de chilenos, se le asigne el mismo monto que hoy está en la Ley de Presupuestos para las enfermedades raras, y se haga un aumento gradual lento para llegar a un límite de $100 mil millones en régimen.
Tercero, no se entiende que quienes tienen más no contribuyan con copagos al financiamientos de los medicamentos que necesitan, por poca que sea su contribución. Eso hace esta Ley regresiva, beneficiando más a los que más tienen.
Cuarto, las Isapres no contribuyen. Es decir, cuando un beneficiario del sistema privado recurra a su aseguradora para pedir un apoyo que hoy ya algunas entregan, la Isapre lo referirá al Fondo pagado por impuestos de todos los chilenos y por la cotización del 7% solo de los afiliados a Fonasa. Algunos sostienen que esta es la clave para iniciar el mentado “fondo mancomunado”; porque luego se les exigirá a las Isapres contribuir a un Fondo común para estos medicamentos; pero administrado por el Estado. Es la falacia utópica de dejar de hacer bien las cosas hoy porque mañana podríamos obtener un mejor rédito político en la destrucción del sistema privado. La contribución ahora y ya de las Isapres y copagos de quienes más tiene podría multiplicar este Fondo al menos por 1,5.
Quinto, la “Marcha de los Enfermos” vería satisfechas sus demandas con este bálsamo anestésico y no seguirían protestando. Falso. Si hay algo que ha ocurrido durante la tramitación de esta Ley es que las agrupaciones de enfermos se han empoderado, y no solo se multiplicarán las marchas al ver que las esperanzas se frustraron. Habrá recursos de protección por la vida, y con el mismo antecedente de esta Ley, serán fallados contra el Estado, que deberá costear los medicamentos; las Marchas de Enfermos se multiplicarán y se tomarán las calles.
Por último, esta Ley implica discriminación. Muchos enfermos quedarán sin financiamiento creyendo que lo merecen o comparándose con quienes si lo obtuvieron. No se define con claridad los criterios para asignar los beneficios y el Ministerio no tiene un catastro de quiénes sufren estas enfermedades.
En resumen, como todo médico sabe, cuando se hace una prescripción, hay que tener en cuenta los beneficios que se quiere obtener; pero es mucho más importante los perjuicios que se pueden provocar. Hacer como que estos no existen es un error de principiantes.
