Senador Quinteros explica que actuales restricciones siguen siendo insuficientes en la protección de las comunidades
Un proyecto de ley tendiente a establecer mayores regulaciones en la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de comunicaciones presentaron los senadores Rabindranath Quinteros, Alejando Navarro, Pedro Araya y Fulvio Rossi.
La iniciativa, ingresada como moción, propone modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones en lo referente a los lugares de instalación de estas estructuras y ampliando la distancia mínima entre éstos y la ubicación de las antenas.
El senador Quinteros precisó que si bien en el año 2012 se establecieron ciertas restricciones en esa materia, “éstas siguen siendo insuficientes en la protección de las comunidades”.
Explicó el legislador que actualmente, la LGUC establece que las torres que sirven de sirven de soporte para las antenas de telecomunicaciones no pueden instalarse dentro de establecimientos educacionales públicos o privados, salas cuna, jardines infantiles, hospitales, clínicas o consultorios, predios urbanos donde existan torres de alta tensión, ni hogares de ancianos u otras áreas sensibles de protección así definidas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ni en sitios ubicados a una distancia menor a cuatro veces la altura de la torre de los deslindes de estos establecimientos, con un mínimo de 50 metros de distancia.
Quinteros indicó que el proyecto añade a la lista de lugares de restricción los centros deportivos, estadios, salas de teatro y lugares destinados a alta concentración de público y amplía el mínimo de distancia de 50 a 200 metros.
La iniciativa entrega argumentos para tales modificaciones señalando que "hoy la instalación de antenas es un tema multidimensional; no es solo una temática ambiental sino propiamente un problema social, que tendrá un crecimiento en sus niveles de conflictividad si no se resguardan los intereses y necesidades de las comunidades y la ciudadanía en general”.
El senador Quinteros señaló que este tema “ya no se enmarca sólo en la defensa del derecho a la propiedad de los residentes afectados, sino que se presenta como un asunto público que involucra la planificación territorial así como la toma de conciencia de la población sobre su entorno”.
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