Senador escalona destacó declaración de admisibilidad de querella presentada contra responsables por escape de salmones

Por parte de Juzgado de Garantía de Calbuco
  • Expresó que decisión del juzgado contempla la transmisión de los antecedentes al Ministerio Público y «entre otras cosas, una orden de investigar a la Brigada de Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones».

“Es realmente importante y significativo que el Juzgado de Garantía de Calbuco haya declarado admisible la querella que hemos presentado en contra de todo aquel que resulte responsable del escape de salmones ocurrido en Chidguapi, Calbuco, el 31 de diciembre pasado”, dijo en Puerto Montt el senador por la Región de Los Lagos, Camilo Escalona, tras la declaración de admisibilidad de la acción legal realizada por el parlamentario el pasado 23 de enero junto a su abogado, Luis Correa Bluas.

El senador aseveró que la decisión del juzgado de transmitir los antecedentes al Ministerio Público “y entre otras cosas, una orden de investigar a la Brigada de Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones, puede significar un episodio que cambie la jurisprudencia en esa materia, que efectivamente signifique valorar el agua, independientemente que sea de nuestros ríos, nuestros lagos o del mar, como un bien de uso público que pertenece a todos los chilenos y chilenas”.

Agregó que por ello, “todo aquel que la contamine, que la perjudique, que signifique el envenenamiento o la masificación de especies que están claramente afectadas por un virus, tenga que asumir las consecuencias que ello significa en cuanto está perjudicando un medio vital para la vida, no solamente de todos los chilenos, sino que también para algunas actividades económicas específicas como es el caso de la pesca artesanal y la industria turística”.

Escalona reiteró que la decisión del juzgado marca una nueva manera de ver “el tema de la responsabilidad con el cuidado de nuestras aguas y las sanciones a quienes las contaminan”.

El senador Camilo Escalona recordó que la querella se basó en una disposición del Código Penal del año 1891, que establece una sanción a quienes contaminen las aguas, por lo que procedió a presentar la querella contra quienes resulten responsables, “porque estimamos que como establece nuestra propia Constitución y el ordenamiento legal, las aguas son un bien de uso público, son propiedad de todos los chilenos”.

30 de enero de 2009

Unidad de Comunicaciones
Oficina Senador Camilo Escalona
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