El Gobierno debe hacer públicos los graves hechos detrás de la salida de la SEREMI de Salud.
La «renuncia voluntaria» de la SEREMI de Salud es sólo la punta del iceberg.
Los diputados de la UDI Marisol Turres y Claudio Alvarado señalaron que la salida de la SEREMI de Salud es sólo la punta del iceberg que oculta una serie de irregularidades detectadas por Contraloría al revisar contratos adjudicados por el Instituto de Normalización Previsional INP Región de Los Lagos, a empresas o consultores por sumas que superan los 60 millones de pesos.
Al aceptar la “renuncia voluntaria” de la SEREMI de Salud, el gobierno la saca del foco de atención antes que se conozcan los resultados de una investigación de Contraloría. Esta misma actitud la vimos cuando se aceptó la renuncia de un ex SEREMI de Gobierno “por razones personales”, posteriormente, la comunidad se enteró que conduciendo un vehículo fiscal estaba involucrado en un manejo en estado de ebriedad causando la muerte de un ciudadano en Valdivia. Por ello, no aceptaremos que se oculten los delicados hechos detrás de la renuncia de la SEREMI de Salud”, señalaron los diputados Turres y Alvarado.
“Algunos de los contratos cuestionados por Contraloría fueron adjudicados por más de 40 millones de pesos a la empresa “Asesorías, Gestión y Servicios Rayen Limitada”, representada por Jorge Muñoz Villarroel. Los contratos se adjudicaron el año 2004, durante la gestión del ex Director del INP de Los Lagos y actual director del INP de Valparaíso Juan José Cárcamo. Uno de los contratos cuestionados, que se refiere a la Asesoría Técnica y Administrativa para el Área de Salud Ocupacional del Departamento de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales del INP Región de Los Lagos, fue adjudicado vulnerando las bases de licitación a Rayen Ltda.-, Esta empresa contrató a diferentes profesionales, entre otros a la enfermera y ex SEREMI de Salud Sra. Marcela Alvial Soto para desarrollar relatorías sobre prevención de riesgo y mediciones ambientales. En la época en que se celebró el contrato, la Sra. Alvial se desempeñaba precisamente como encargada de la Unidad de Salud Ocupacional del Servicio de Salud Llanchipal, desarrollando labores similares. Paralelamente, el mismo INP regional pagaba por los mismos servicios al Instituto de Salud Pública y al Servicio de Salud Llanchipal. Contraloría estableció que la empresa Asesorías Gestión y Servicios Rayen Limitada emitió al INP facturas que no estaban autorizadas por el Impuestos Internos” señalaron.
“Si bien estas irregularidades ocurrieron cuando el actual Intendente aún no regresaba a la región, hoy debe dar a conocer e iniciar las acciones que procedan para recuperar los dineros pagados sin justificación por el INP y para sancionar a los responsables. Por ello, emplazamos al gobierno que de a conocer que acciones concretas está realizando para recuperar los más de 40 millones de pesos pagados por el INP a la empresa Asesorías, Gestión y Servicios Rayen Ltda., y para sancionar a los responsables de estos hechos”, finalizaron los diputados Marisol Turres y Claudio Alvarado.
