- Defensor penal público logró que terminara la causa por injurias y calumnias con publicidad que afectaba a pobladores de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, que hicieron una manifestación para reclamar por la calidad de la educación que se les brindaba a sus hijos.
Sobreseídos total y definitivamente de los cargos de injurias y calumnias, resultaron los apoderados del Colegio Robert Pace de Puerto Montt luego de que su abogado defensor argumentara ante el Juzgado de Garantía que los querellantes no efectuaron diligencias útiles para la causa dentro del plazo límite que estipula la ley, abandonando el procedimiento.
La resolución dictada hoy por el magistrado Luis Olivares acogió los argumentos presentados por el abogado jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública, Jonathan Ramírez, a favor de 10 apoderados y dirigentes vecinales que fueron imputados como autores de injurias y calumnias con publicidad en contra de la directora del colegio Eliana Chávez Hernández luego de que éstos realizaran una protesta en las afueras del recinto educacional, ubicado en Villa Los Poetas, solicitando mejoras educacionales.
El caso se dio a conocer el 6 de junio del año pasado, cuando un grupo de apoderados del colegio manifestaron su descontento con la gestión realizada por la directora Eliana Chávez, aludiendo problemas de infraestructura, malos tratos a los alumnos y cobros indebidos de dinero. Tras esta protesta, a la cual se sumaron dirigentes sociales, la directora presentó una querella por injurias y calumnias graves con publicidad a través de su abogada Orietta Llauca.
La acción penal privada pretendía condenar a 10 de los apoderados y dirigentes vecinales que habían participado en la manifestación, debido a que ellos habrían habían insultado y denigrado públicamente a la directora, además de atribuirle la comisión de delitos.
Esto siempre fue negado por los imputados, quienes declararon su inocencia y no aceptaron acuerdos que pretendían acabar con el proceso si se disculpaban públicamente.
El defensor Jonathan Ramírez, explicó que “los apoderados siempre sostuvieron que no habían cometido el delito y sólo estaban luchando por el derecho a tener una educación de calidad para sus hijos”.
Esto fue ratificado por una de las voceras de los apoderados movilizados, Elisabeth Ibacache, quien dijo que “desde un principio sabíamos que esta querella no iba a llegar a ningún lado, ya que todos los reclamos que hicimos eran por el bien de los niños y no tenían ninguna otra intención”.
Por su parte, otro de los acusados de esta causa, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Ronny Torres, agregó que “esto demuestra que cualquiera puede acusar a otro de injurias y calumnias. Nosotros sólo buscamos que se atendieran los reclamos de los apoderados orientados a mejorar la infraestructura del colegio y a corregir graves irregularidades que detectamos. Ahora, después de este sobreseimiento, sólo me queda agradecer el compromiso y el profesionalismo del abogado de la Defensoría Penal Pública, quien siempre nos dijo que estemos calmados y que pronto todo se iba a aclarar”.
