Por unanimidad fue aprobado el proyecto presentado por el diputado DC, Gabriel Ascencio, que pide a la Presidenta de la República que termine con la discriminación que afecta a los funcionarios de la Administración Pública del Estado, (salud y educación) para que sean incluidos en el aumento escalonado de la asignación de zonas extremas y el bono especial de retiro, que tiene por objeto reparar el denominado "daño previsional".
Al respecto, el legislador DC señaló que la discriminación realizada por el Gobierno frente a temas que afectan a la totalidad de los funcionarios públicos constituye, en primer lugar, una trasgresión flagrante del derecho establecido en la Constitución Política de la República a la no discriminación y, a la vez, configura una práctica antisindical
Asimismo, el parlamentario de X Región indicó que en relación con las bonificaciones de zonas extremas del país, mencionadas en el acuerdo de la ANEF, la exclusión se manifiesta en el último párrafo del documento, al señalar que el presente acuerdo beneficiará exclusivamente a las instituciones del gobierno central, situación “injusta” y que “homologar dicho beneficio a todo el personal de los servicios públicos”.
En esa línea, el legislador aclaró que resulta extraño que este tema sea cerrado en una mesa de negociaciones con uno solo de los catorce gremios que plantearon esa demanda para reparar el "daño previsional".
Finalmente, el representante de Chiloé y Palena comentó que, si bien, el acuerdo suscrito el 5 de febrero de 2007, entre el Gobierno –representado por el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco y el Ministro del Trabajo y Previsión Social (S), Zarko Luksic Sandoval– y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) constituye un avance, es preciso señalar que el rechazo a la exclusión explícita del resto del personal de la Administración Pública del Estado del beneficio denominado bono especial de retiro, es un retroceso.
Fuente:
Manuel de la Barra Carrasco
