Diputado Gabriel Ascencio solicitó fiscalización a la Contraloría Regional en Puerto Montt
“Tal vez el Intendente haya incurrido en notable abandono de deberes al no cobrar la millonaria multa a SAESA a raíz del no cumplimiento de esta empresa de contratos habidos con el gobierno y hablé con la contralora regional para que tome cartas en el asunto”.
Así de categórico fue el diputado Gabriel Ascencio después de entrevistarse en Puerto Montt con la contralora regional Priscila Pérez quien se comprometió ante el parlamentario por Chiloé y Palena para fiscalizar el cumplimiento del cobro de las multas y también fiscalizará también para ver si el gobierno regional o los municipios iniciaron o no las acciones judiciales que correspondan para cobrar esos millonarios dineros que superan los mil millones de pesos.
Indicó además que era muy importante que SAESA cancele los dineros de las multas porque le cabe un incumplimiento de contrato que se firmaron en su debida oportunidad.
“Si ese cobro no se efectúa, la Contraloría tendrá que tomar medidas en contra de los responsables. Yo no acepto que los intendentes con decisiones absolutamente arbitrarias y solamente para estar bien con esta empresa , que además es una mala empresa y que presta un mal servicio para Chiloé, simplemente no quieran cobrar una multa tan cuantiosa…son más de mil millones de pesos los que no han cobrado. No entiendo cómo no se aplica la ley y no entiendo cómo el intendente no ha hecho lo posible por cobrar estas multas. Aquí yo creo que hay un notable abandono de deberes de parte de esta autoridad y creo que corresponde que la Contraloría tome cartas en el asunto y aplique las sanciones que tenga que aplicar”, sostuvo molesto el diputado por el distrito 58 Gabriel Ascencio.
Cabe hacer presente que se trata de un problema denunciado hace un tiempo por el parlamentario de la decé en orden a que se trata de unas multas aplicadas a SAESA por más de mil millones de pesos y que debería haber cancelado a los municipios por no haber ejecutado a tiempo obras contratadas y canceladas de electrificación rural que en su totalidad abarcaron a más de 180 proyectos de ese tipo que venían desde el año 2003 y que fueron canceladas con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por más de 6 mil millones de pesos y la empresa privada no cumplió con los plazos y no se cobraron esa multimillonaria multa.
Fuente:
Manuel de la Barra Carrasco
