- La parlamentaria instó a BancoEstado a flexibilizar su postura para permitir que quienes no han podido pagar sus créditos tras la erupción de 2008 puedan vender sus propiedades al Fisco.
La diputada UDI Marisol Turres expresó su preocupación ante la situación que afecta a algunos habitantes de la antigua ciudad de Chaitén, quienes aún no han podido acogerse a los beneficios de la Ley Nº 20.385. Esta normativa les permite vender al Fisco sus tierras, que se vieron afectadas por la erupción del volcán Chaitén en mayo de 2008. El problema se produjo cuando los propietarios, a raíz de la catástrofe natural que asoló a la zona, no pudieron seguir cumpliendo con sus obligaciones crediticias con el BancoEstado, lo que llevó al embargo de las tierras. Por encontrarse embargadas, las propiedades no han podido ser adquiridas por el Fisco durante todo este periodo.
“Esta situación tiene a familias completas en una gran incertidumbre, pues no han tenido una respuesta satisfactoria. Además, como no pudieron seguir pagando los créditos, hoy están en los registros comerciales, lo que les impide buscar otras alternativas de financiamiento”, señaló la parlamentaria. A su juicio, debería haber medidas especiales para permitir que estas personas tengan la posibilidad de vender sus propiedades cuanto antes. “El proceso no puede seguir entrampado por más tiempo. Se debe determinar pronto el modo en que se procederá a dar una solución definitiva a estas familias, que no pueden seguir esperando”, resaltó la diputada UDI.
“Son familias que han perdido no sólo sus casas, sino sus tierras, su forma de vida. Hasta hoy día sufren al ver, por ejemplo, cómo sus casas son destruidas por el fuego y el abandono. Espero que el BancoEstado flexibilice su postura en este tema, que considere la enorme tragedia que han vivido estas familias y que se abra a nuevas opciones para resolver el problema. Si se alzan las prohibiciones, el Fisco podrá comprar las tierras, saldar la deuda con el banco y entregar la diferencia a los propietarios afectados”, sentenció la diputada Turres.