- ¿Quién es quién en transparencia? El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó una radiografía de lo que han sido los últimos cuatro años en materia de transparencia y acceso a la información, además de difundir antecedentes asociados al desempeño de organismos de la administración central del Estado.
- En 2018 se produjo un boom de solicitudes y 2021 se cierra con una baja de un 13% con respecto al año anterior, y de un alza de casos presentados ante el Consejo asociados a temas que podrían asociarse con la pandemia, el estallido social, seguridad pública y migraciones.
Entre los organismos que más aumentaron sus registros de reclamaciones se posicionan aquellos asociados a temas sanitarios, seguridad pública, migraciones y defensa. El listado lo encabeza la Subsecretaría de Salud Pública, con 1.267 casos; le sigue Carabineros de Chile, con 764); el Servicio de Registro Civil e Identificación, 745; la Subsecretaría de Interior con 693 y el Ejército de Chile, con 521 reclamos.
La titular de Transparencia explicó que “los reclamos y amparos presentados ante el Consejo mostraron cierto nivel de sensibilidad ante las principales coyunturas que ha vivido el país en los últimos años en Chile, tanto en materia social con temas como el estallido de octubre de 2019 y la pandemia por Covid-19”.
La presidenta del CPLT agregó que “hablamos de materias que han mostrado ser de interés para la ciudadanía y en las que está exigiendo rendición de cuentas vinculadas con el accionar de las instituciones vinculadas a seguridad pública, que se canalizan vía subsecretaría de Interior y Carabineros”.
También podría aludirse a temas migratorios, que son trasladados al Departamento de Extranjería y Migración -dependiente de la cartera que encabeza Juan Francisco Galli-, y al Registro Civil. En este último caso, no hay evidencia clara, dijeron desde el Consejo, pero el alza pudo crecer entre otras causas por solicitudes de cifras de personas fallecidas u otros antecedentes relevantes asociados a la caracterización de la crisis sanitaria y a otros aspectos del control y gestión de la pandemia.
Salud: con problemas de acceso
En el caso de las subsecretarías dependientes del MINSAL, tanto en el caso de Salud Pública como de Redes Asistenciales se vieron aumentos de solicitudes y reclamos, en particular en los últimos años. En el caso de la primera repartición fundamentalmente en 2021 este incremento se podría explicar “por demandas de información estadística y de otro tipo que buscaban conocer con más detalle la gestión de la emergencia”, dijo la representante del CPLT. De hecho, uno de los casos más emblemáticos en el último tiempo refiere a una solicitud de acceso a los correos enviados y recibidos desde las cuentas institucionales de autoridades sanitarias, entre otras el actual ministro Enrique París y la ex subsecretaria Paula Daza.
La presidenta del Consejo comentó que es comprensible que “las autoridades decidieran concentrar esfuerzos en el manejo y control de la emergencia sanitaria, una situación inédita a nivel mundial. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) en una resolución de 2020 estableció que el derecho de acceso a la información es un derecho humano fundamental que no podía postergarse, y que adquiere aún mayor protagonismo en contextos de crisis”.
Los más solicitados
En su informe, el CPLT se refirió también a un alza de un 5% de las solicitudes entre lo registrado en 2018 y el año 2021. Sin embargo, subrayaron desde el Consejo, se produjo una caída de un 13% de este tipo de requerimientos entre 2020 y 2021, lo que hablaría de "un cambio en la tendencia al alza desde que se iniciaron los registros, en 2009”, dijo la presidenta de la entidad, Gloria de la Fuente.
La titular de Transparencia explicó que “se evidenciaba un permanente aumento de las solicitudes desde que se implementó la Ley de Transparencia. Del listado de organismos que reciben más requerimientos hay cierto nivel de consistencia con períodos anteriores, lo que apuntaría a un funcionamiento más bien regular del sistema, y que muestra algunos matices anualmente”. “Ahora –comentó- si miramos el alza de los reclamos y la caída de las solicitudes, aunque no podemos sacar conclusiones apresuradas, sí tenemos una preocupación por la capacidad que tienen las instituciones de responder en tiempo y en forma a este derecho fundamental y por la instalación y permanencia de una cultura en favor de la transparencia en el estado”.
El desglose de las estadísticas mostró que los cinco primeros lugares por número de solicitudes de información (entre 2018 y 2021) los ocuparon: la Subsecretaría de Bienes Nacionales (51. 138), seguida con diferencia por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) (17.148), el Servicio de Registro Civil e Identificación (16.943), la Dirección General de Aguas (DGA) (15.196) y la Subsecretaría de Educación (MINEDUC) (con 14.662 requerimientos).
El sistema de transparencia sí permite el acceso a información
La presidenta del Consejo explicó que en casos como el de la subsecretaría de Salud Pública, que ha registrado un aumento de solicitudes desde 2020 asociada a la pandemia, es importante destacar que sólo un tercio de ellas deriva en reclamos o amparos ante el CPLT, el resto de los casos, en su mayoría se resuelve o con la entrega por parte del organismo o con un sistema que permite dar salida “anticipada” a los amparos –el denominado Sistema Anticipado de Resolución de Controversias-.
“Si revisamos con mayor detalle los casos, es importante destacar que en general en más de un 70% de aquellos que son vistos por el Consejo para la Transparencia se acoge la reclamación y se ordena la entrega, o se logra resolver el acceso a la información a partir de un sistema de resolución de controversias”, dijo la presidenta del CPLT.
“Es bajo el número de casos en que los que las entidades, ya sea porque están obligados por ley a oponerse, porque una tercera parte interesada lo manifiesta, o porque insisten en la calidad de reservada de los antecedentes, el Consejo ha instruido sumarios”, dijo De la Fuente. Acotó que en el último tiempo se iniciaron procesos sancionatorios, entre sumarios e investigaciones sumarias, los que deben resolverse antes de que termine este año. "No dudamos ni dudaremos en aplicar sanciones cuando existan vulneraciones al derecho a través de los mecanismos que nos confiere la ley", finalizó De la Fuente.
