- La reforma crea un procedimiento especial y gratuito para personas damnificadas, reduce los tiempos de regularización de dos años a seis meses y evita que miles de familias queden fuera de la reconstrucción por no contar con un título de dominio.
La iniciativa considera disminuir el plazo de regularización desde un promedio de hasta dos años a cerca de seis meses, mediante la simplificación de trámites administrativos, la coordinación entre organismos públicos y la reducción de los tiempos asociados a las distintas etapas del proceso.
Durante el anuncio, el Presidente señaló que el objetivo es avanzar hacia "un país de propietarios, donde las personas tengan la certeza de que ese terreno es de ellos", destacando además la necesidad de agilizar los procesos en situaciones de emergencia.
Por su parte, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, indicó que "cuando una familia pierde su vivienda producto de una catástrofe, necesita respuestas rápidas y concretas. Por eso estamos impulsando una herramienta que permitirá reducir los tiempos de regularización de hasta dos años a cerca de seis meses, para que las ayudas lleguen cuando más se necesitan".
El proyecto también contempla la gratuidad total para las personas damnificadas, eximiendo del pago de publicaciones, inscripciones y certificados necesarios para completar el proceso de regularización.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca fortalecer la capacidad del Estado para responder de manera más oportuna ante futuras emergencias, asegurando que las familias afectadas puedan acceder oportunamente a las herramientas de apoyo y reconstrucción.