- Agrupación de Usuarios del Transporte Público ingresó presentaciones ante SEREMITT y Contraloría tras oficio de la Subsecretaría que establece que las alzas tarifarias deben informarse con 30 días de anticipación, sin importar si el tipo de transporte es urbano, rural o interurbano.
La acción surge luego de un reciente pronunciamiento de la Subsecretaría de Transportes, contenido en la Circular N°126 de 2026, mediante la cual se aclaró que la obligación de informar con 30 días de anticipación las modificaciones tarifarias no solo aplicaría al transporte urbano, sino también a servicios rurales e intercomunales regulados por el Decreto Supremo N°212.
Desde la organización señalan que, tras el denominado “bencinazo” de marzo, prácticamente todas las líneas de minibuses rurales e intercomunales de la Región de Los Lagos aplicaron aumentos inmediatos o dentro de pocos días que difícilmente habían sido avisados con la anticipación solicitada, afectando recorridos entre Puerto Montt, Puerto Varas, Calbuco, Fresia, Osorno, Purranque, Ancud, Quellón, entre otros.
“Durante años se instaló la idea de que la obligación de los 30 días solo aplicaba al transporte urbano, pero hoy la propia Subsecretaría emitió un oficio aclarando que también corresponde para servicios rurales e intercomunales, lo que agrava la situación local pues prácticamente todas las empresas de la región subieron tarifas el 26 de marzo sin respetar ese plazo y así lo han hecho por años”, sostuvo Jordi Valenzuela Muñoz, presidente de la Agrupación.
El dirigente agregó que “esto no es un detalle administrativo pequeño, estamos hablando de miles de familias que amanecieron pagando $200, $300, $500 hasta $1.000 más en sus pasajes prácticamente de un día para otro, sin aviso previo y en medio de una crisis económica súper compleja, esperamos que realmente con la confirmación de este criterio la SEREMI de Transportes ejecute sanciones ejemplificadoras a todas las empresas de la región si es necesario, porque el daño al bolsillo de las familias es irreversible, sin contar que este va acompañado de un pésimo servicio que no ha mejorado por años como siempre hemos denunciado”.
Por ello, la organización solicitó a la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones que informe qué empresas cumplieron efectivamente con el aviso previo de 30 días y que, en caso de incumplimientos, se instruyan los correspondientes procedimientos sancionatorios, incluso si ello involucrara a una gran cantidad de operadores de la región, garantizando además el cumplimiento futuro de la normativa.
En paralelo, también solicitaron a Contraloría revisar si existió una correcta fiscalización por parte de las autoridades competentes frente a estas alzas tarifarias y, en caso contrario, evaluar las medidas administrativas correspondientes.
Desde la Agrupación señalaron que esta situación podría marcar un antes y un después en materia de regulación y transparencia tarifaria del transporte público regional.