El debate sobre la incorporación de “vans” como nueva modalidad de transporte público en distintas comunas del país (abierto por el entrante Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange) no puede abordarse con ingenuidad ni improvisación.
No se trata simplemente de sumar más vehículos a calles ya congestionadas. Se trata de definir si las regiones seguirán profundizando un modelo fragmentado, desregulado y capturado por intereses particulares, o si avanzaremos hacia un sistema planificado y moderno.
Las “vans” podrían ser una herramienta útil si forman parte de un diseño serio: integración y regulación tarifaria, trazados planificados, estándares de operación y competencia transparente. Pero si se transforman en una expansión desordenada del actual sistema de transporte público menor de taxis colectivos, solo estaremos replicando el mismo error que ha mantenido estancado el transporte regional durante décadas.
En varias regiones del país hemos visto cómo gremios del transporte menor paralizan ciudades como Puerto Varas, Copiapó o Coyhaique cuando se intenta incorporar buses más eficientes, defendiendo cuotas de mercado más que el interés de los usuarios. Ese tipo de presiones no puede seguir condicionando la política pública.
Mientras en Santiago el transporte fue rediseñado hace más de veinte años bajo un esquema de planificación y subsidio, en regiones seguimos con tarifas altas, máquinas deterioradas y ausencia de integración y planificación real. Este desfase histórico ya supera los treinta años.
Si el objetivo es realmente mejorar la movilidad regional, en lugar de seguir fragmentando el sistema con más transporte menor compitiendo por los mismos pasajeros, el país debiera priorizar la implementación de buses eléctricos en servicios comunales e intercomunales, junto con una integración efectiva a nuevos o actuales proyectos ferroviarios regionales. Las “vans” solo podrían tener sentido si se incorporan dentro de una planificación robusta y exigente.
De lo contrario, no estaremos fortaleciendo el transporte público, sino expandiendo negocio privado que utiliza infraestructura pública sin asumir obligaciones equivalentes, profundizando la precarización que ya se ha observado en sistemas atomizados de países como Perú o Kenia.
Las regiones no necesitan más improvisación. Necesitan modernización con reglas claras y valentía política para enfrentar monopolios locales cuando sea necesario.
Jordi Valenzuela Muñoz
Presidente de la Agrupación de Usuarios del Transporte Público de la Provincia de Llanquihue
Consejero de la Sociedad Civil (COSOC) Nacional de la Subsecretaría de Transportes
