Dr. Manuel José Irarrázaval
Presidente de IPSUSS, Universidad San Sebastián.
Para quienes defendemos la autonomía y libertad personal, la posibilidad de ser “obligados” a vacunarnos, por la fuerza, no es una medida admisible, desde el punto de vista del respeto de los derechos y libertades.
No obstante, hay que reconocer que mientras no se vacune contra el Covid-19 a la población susceptible, no es posible lograr un mejor control de la epidemia.
Lo razonable es hacer grandes esfuerzos educativos y de persuasión, complementándolos con medidas de incentivo que motiven a las personas a vacunarse. Por ejemplo, la exigencia de la vacunación para ingresar a: supermercados, restaurantes, centros deportivos, cines, colegios y universidades e incluso en el transporte público. También puede ser requisito para obtener beneficios sociales o para viajar dentro y fuera del país.
Es indispensable tener presente que la vacuna contra el Covid-19 es muy segura, los más de 41 millones de dosis administradas en Chile y la prácticamente ausencia de efectos colaterales hacen muy débil el argumento del temor al riesgo de complicaciones por la vacunación.
En cuanto a la efectividad, también la evidencia epidemiológica de Chile y de casi todo el mundo, confirma la significativa protección que ofrece para quienes han completado su esquema de vacunación, y muestra la dolorosa y desfavorable situación en aquellos países que no han logrado un porcentaje significativo de cobertura, como en África.
El aspecto de la accesibilidad también ha sido resuelto eficazmente, por nuestro sistema de salud. La vacuna está disponible a lo largo de todo el país y para los distintos grupos de la población para los cuales se ha recomendado.
Queda el argumento más complejo de resolver. Dado que están dadas las condiciones de acceso y seguridad, ¿qué se puede hacer con los más de dos millones de personas no se han vacunado? ¿Puede el Estado hacer la vacuna obligatoria?
Mientras exista población susceptible de enfermar, existen potenciales portadores del virus, que se transforman en un riesgo hacia la comunidad. La autoridad tiene el deber de impedir acciones que signifiquen un peligro evitable para los demás. Así como lo hace al regular aspectos cotidianos como, por ejemplo, que las personas no conduzcan a más de 100 kms/hr en las autopistas, o a detenerme si trasgredo las luces rojas, o al restringir el acceso a armas de fuego.
Sin embargo, la obligatoriedad de la vacunación debe usarse cuando ya no queden herramientas de convencimiento y/o la situación de sanitaria sea incontrolable, que afortunadamente no es nuestro caso, dado que las autoridades sanitarias tomaron las medidas a tiempo. Además, contamos con medidas de salud pública, complementarias, que han sido efectivas, como el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico.
En ese contexto, es hora de ayudar a nuestros compatriotas escépticos preguntándoles: ¿Cuántas personas con secuelas de viruela, tuberculosis conocen? Todas esas enfermedades que afectaban a miles de chilenos y actualmente casi no las conocemos gracias a los exitosos programas de vacunación que implementamos en décadas pasadas, cuando las técnicas de fabricación y testeo de vacunas eran significativamente más débiles que las actuales.
