Dra. Karina Retamal Soto
Escuela de Administración Pública, Instituto de Gestión e Industria.
Universidad Austral de Chile.
Desde el pasado 27 de julio Puerto Varas se encuentra en pleno proceso de conformación de un nuevo Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), organismo mandatado por ley para materializar la participación ciudadana a nivel comunal. El desarrollo exitoso de este proceso reviste una gran relevancia para la gestión pública local, particularmente en el contexto histórico y territorial en que nos encontramos.
Existe consenso en torno a reconocer que las instancias de participación ciudadana propician tanto la legitimación como la efectividad de las decisiones públicas, por lo que su materialización es un pilar fundamental de la gestión contemporánea de las instituciones gubernamentales. Sabemos, sin embargo, que su implementación reviste importantes dificultades y, por tanto, los municipios se enfrentan a un gran desafío a la hora de poner en funcionamiento mecanismos participativos como los COSOC. En efecto, estudios realizados en la zona sur del país, y que incluyen la Región de Los Lagos, han dado cuenta de las dificultades que conlleva la instalación y puesta en marcha de los COSOC, así como del alto porcentaje de municipalidades que no han logrado siquiera su formalización.
Entre los factores identificados como obstaculizadores en la instalación de estos organismos se encuentra la falta de efectividad con que son percibidos por parte de las y los dirigentes sociales. Ante ello, resulta especialmente interesante observar los cambios que la actual propuesta constitucional plantea para relevar el rol de este tipo de instancias. En particular, el texto establece que las entidades territoriales deberán promover y garantizar mecanismos de participación, lo que a nivel local se materializa en una Asamblea Social Comunal. A diferencia de los COSOC, que están definidos como instancias estrictamente consultivas, estos nuevos organismos se presentan como una instancia que no solo será consultiva y representativa, sino que tendrá además un carácter incidente.
Desde esta perspectiva, la propuesta constitucional representa un avance en materia de participación ciudadana local y, por tanto, una oportunidad para la legitimidad de la gestión pública municipal. Asimismo, plantea un importante desafío en lo relativo a desarrollar un diseño institucional que operacionalice adecuadamente el concepto de incidencia, lo que puede transformarse en un elemento clave para la implementación exitosa de este organismo.
