Valdivia, 31 de agosto de 2022
Sr. Alejandro Bernales MaldonadoH. Diputado de la República
Distrito 26
Región de Los Lagos
Presente
Estimado Diputado:
Me dirijo a usted en relación con su intervención realizada este martes 30 de agosto en la Cámara de Diputadas y Diputados, en la Hora de Incidentes.
En la ocasión usted hizo referencia a una serie de situaciones asociadas al proceso de negociación colectiva con tres sindicatos de la Universidad Austral de Chile y, en particular, a la huelga que persiste de uno de ellos.
En primer lugar, es necesario precisar que hemos llegado a total acuerdo, tanto con el Sindicato de la Fundación Leiva Mella como con el Sindicato de Docentes. Es efectivo que el Sindicato de Trabajadores continúa movilizado, sin embargo, toda la evidencia disponible sugiere que estamos muy cerca de llegar a acuerdo. Es necesario refrendar el absoluto compromiso de la Universidad con las y los estudiantes (18.250 de Pregrado y 1.000 de Postgrado) y sus familias, así como con su comunidad en general y con las regiones de los Ríos, Los Lagos y de Aysén.
Respecto de la idea planteada de que la Universidad ha tenido una respuesta tardía en el proceso de negociación colectiva, cabe indicar que nosotros empezamos a trabajar con los sindicatos el año pasado para fijar las condiciones de los servicios mínimos contemplados en la nueva ley laboral. Una vez zanjado este aspecto técnico entre la Universidad, los Sindicatos y la Dirección del Trabajo se dio inicio a los tres procesos de negociación el 23 de mayo de 2022; por lo tanto, llevamos alrededor de noventa días negociando sistemáticamente con las directivas sindicales. Producto de ello llegamos a acuerdo con el Sindicato de la Fundación Leiva Mella (29 socios) y con el Sindicato de Docentes (745 socios).
En este contexto, su afirmación “ni siquiera se les estaría reajustando el IPC en sus sueldos”, no corresponde a la realidad, dado que hemos logrado proteger la totalidad del poder adquisitivo de nuestras y nuestros trabajadores en un esquema escalonado en 24 meses. Esta fórmula obedece a la imposibilidad de reajustar las remuneraciones en un 12% o 13% de IPC en un solo año, debido a las estructuras de costos de las universidades chilenas y, además, al hecho de que los ingresos de las universidades no están indexados a la variación del IPC o de la UF, sino al inflactor fiscal. No le quepa duda Diputado que, si el IPC hubiera sido un 3%, en línea con lo que ha ocurrido los últimos veinticinco años, nosotros hubiéramos firmado los contratos colectivos hace meses.
Tampoco es efectivo lo que usted sostiene de que la Universidad tiene 2.000 funcionarios, porque la planilla de académicos, administrativos y de servicios es de 3.900 trabajadores, de los cuales, 1.073 pertenecen al Sindicato N°1 de Trabajadores de la Universidad.
Por otra parte, es importante precisar que aun cuando la movilización de las y los trabajadores se ha extendido por cuatro semanas al día de hoy, los estudiantes tuvieron un receso de invierno equivalente a dos semanas, lo cual significa que la pérdida efectiva de clases se acomodará sin mayor inconveniente en un calendario académico que será publicado prontamente.
El dato que usted hace público que más del 70% de las y los estudiantes está adscrito al sistema de gratuidad tampoco es efectivo, porque la cifra corresponde al 55,4%.
Nos parece extremadamente delicado que un Diputado de la República, desconociendo la información fidedigna de la situación de la Universidad, se permita afirmar que la dificultad enfrentada en las negociaciones colectivas “se debería a probables problemas económicos de la Universidad” y a renglón seguido agregue que “una mala gestión de esta casa de estudios seguramente afectaría el uso de fondos estatales entregados”. Más aún, a partir de estas premisas erradas y alejadas de la realidad, solicite oficiar al Ministerio de Educación a fin de “revisar cómo la Universidad está invirtiendo y gestionando fondos públicos”.
Es importante que en su calidad de Diputado tome nota que la Ley de Educación Superior somete a las universidades a estrictos procesos regulatorios donde no es la Cámara de Diputados y Diputadas la instancia para someter a discusión el manejo administrativo y financiero de las universidades. En efecto, las universidades están obligadas a someterse a estrictos procesos de auditoría externa (en este caso, a cargo de la empresa auditora KPMG, una de las más importantes de Chile) que deben ser informados anualmente a la Superintendencia de Educación Superior (SES). A su vez, la SES emite un análisis financiero detallado de nuestra institución para ser presentado, por ejemplo, en procesos de acreditación institucional ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) o al Ministerio de Educación.
Adicionalmente, dado que nos encontramos en la fase final del proceso de acreditación institucional de la Universidad, existe un Informe de Pares Evaluadores expertos que se elevó a la CNA. Ninguno de estos reportes y análisis financieros (KPMG, SES, CNA) sugiere en lo más mínimo problemas de gestión administrativa y financiera, y mucho menos aún, crisis financiera. A pesar de ello, como toda institución pública o privada, en términos macroeconómicos estamos sujetos a las restricciones que nos impone un complejo proceso inflacionario nacional e internacional.
En consideración a todo lo anterior, es inconcebible que un Diputado de la República se tome la libertad de insinuar con total desconocimiento de la realidad que la Universidad tiene problemas económicos. Hacer una afirmación como esa es por decir lo menos, temeraria y potencialmente dañina para el prestigio de la Universidad. En efecto, de una autoridad de su investidura se espera más rigurosidad y prudencia en los juicios.
Finalmente, me permito dejar constancia que la Universidad Austral de Chile, siendo una de las instituciones más importantes del país que contribuye de manera significativa al desarrollo social y material de las regiones y comunidades del sur austral, no tolerará que irresponsablemente se ponga en tela de juicio la corrección con que esta institución usa los recursos públicos.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
RECTOR
Distribución:
1. Presidente Cámara de Diputados y Diputadas
2. Secretario General de la Cámara de Diputados y Diputadas
