- En conferencia internacional sobre protección de datos personales y Covid-19, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), explicó que la normativa vigente “resulta anacrónica e insuficiente” y refirió a la propuesta que enviaron al Gobierno de una ley corta para hacerse cargo de los temas más urgentes vinculados al derecho a la privacidad de personas contagiadas y casos sospechosos.
- Esto dado que el tratamiento de datos sensibles como la condición de salud conlleva riesgos mayores de lesionar derechos fundamentales de las personas como “el derecho a no ser objeto de discriminaciones arbitrarias” que ya se han identificado en Chile en casos de funcionarios de salud o enfermos que han sido atacados por temor a eventuales contagios.
- Presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, insistió en ley corta para proteger datos personales y compatibilizarlo con medidas de control de la pandemia.
“A pesar de la crisis, las medidas no pueden conducir a acciones desproporcionadas e innecesarias, siendo esencial que no se extiendan una vez superada la pandemia”, estos fueron parte de las ideas expuestas hoy por el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, en un encuentro internacional que reunió en línea a expertos que están liderando la protección de datos personales en el marco del combate por evitar la propagación del Covid-19.
Una de las reflexiones centrales de la conferencia- en la que participaron especialistas de España, Francia y México- refirió a las medidas de los distintos países intentando compatibilizar derechos esenciales con acciones en pro de la prevención del contagio.
En este sentido, el titular de Transparencia de Chile reconoció que “algunas de estas medidas no están exentas de complejidades, pues hay diversos derechos fundamentales que podrían verse afectados por políticas y herramientas diseñadas para enfrentar la enfermedad”. En este sentido refirió: “el derecho de acceso a información pública, la libertad de expresión y la privacidad se han visto tensionadas por garantizar el interés público que subyace al objetivo de salud”.
Ante estos desafíos, tanto el representante del CPLT como los de las entidades del extranjero refirieron a las políticas y herramientas que están recopilando enormes cantidades de datos usándolos para sustentar el trabajo de las autoridades en orden a controlar y comprender la pandemia. Sin embargo, Jaraquemada fue enfático en aclarar que: “En aras de asegurar una respuesta pronta y eficaz a la pandemia existe el riesgo de impulsar iniciativas que limiten intensamente derechos, con medidas excesivamente intrusivas que impliquen el monitoreo constante de la población” incluidos aspectos de la vida privada recopilación masiva de signos vitales y patrones de movimiento.
Por ello, en el caso de Chile, explicaron desde el CPLT- resulta fundamental normar el tratamiento de información sensible como el estado de salud o los hábitos de las personas, cuestión que no está adecuadamente resguardada en la legislación vigente. Jaraquemada especificó que ante un eventual retraso de la tramitación del proyecto de ley -actualmente en el Congreso- que subsana la protección de esta categoría de datos, la entidad que lidera presentó al Gobierno una propuesta de ley corta. “Atendida la debilidad y obsolescencia de la norma actual el consejo presentó al Gobierno una propuesta de ley corta cuyo objetivo es realizar las modificaciones urgentes para garantizar el debido resguardo de los datos personales y sensibles que pueden ser tratados con ocasión de la actual emergencia sanitaria”, dijo el titular de Transparencia.
El representante del CPLT subrayó también que el tratamiento –que incluye su comunicación- en el caso de datos personales relacionados con la salud por ser de carácter sensible conllevan riesgos mayores de lesionar derechos fundamentales de las personas como “su vida privada, intimidad y el derecho a no ser objeto de discriminaciones arbitrarias”, como los que han experimentado funcionarios del sistema de salud en sus edificios o comunidades o familias que han sido atacadas por vecinos en algunas regiones del país.
Europa y aplicaciones de geolocalización de enfermos
En el caso de Europa y el francés en particular, los marcos que protegen los datos personales no se oponen a las aplicaciones de soluciones de vigilancia y rastreo de contactos móviles cuya finalidad es la protección de la salud pública, sino que exigen garantías apropiadas, detalló la presidenta de la autoridad en materia de protección de datos personales de Francia Marie- Laure Denis.
Comentó que recientemente la entidad que lidera analizó el proyecto del gobierno francés para la aplicación de rastreo –llamado Stop Covid- que busca alertar a las personas que han estado cerca de personas diagnosticadas, basada en uso voluntario de rastreo de contactos con tecnología Bluetooth, sin necesidad de geolocalización. Denis informó que cumple con los requerimientos establecidos por la UE y que realizaron una serie de recomendaciones de seguridad para reforzar la confiabilidad de la herramienta entre la ciudadanía, pero llamó a no caer en la tentación de lo que denominó “solucionismo tecnológico” explorando las oportunidades que ofrecen las tecnologías pero también sus límites y riesgos para los derechos humanos.
En tanto el representante de España, Jesús Rubí, adjunto a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recalcó que “en una emergencia el derecho a la protección de datos no queda suspendido”, lo que no significa que la normativa en este ámbito obstaculice medidas asociadas con la pandemia. Rubí planteó que el Reglamento Europeo (GDPR), que es una de las “normas más actualizadas y adaptadas” y que contempla las garantías y flexibilidad suficientes para tomar medidas que compatibilicen ambos aspectos, si bien estas se complementan con regulaciones nacionales.
El representante español destacó como una ventaja el compartir criterios definidos a nivel europeo y dar directrices comunes que ofrecen garantías equivalentes en todo el territorio de la UE. Destacó entre ellas las definidas en relación a aplicaciones generadas para rastrear contagiados o casos sospechosos aclarando que, como es en el caso de España, aunque sean herramientas de uso voluntario para generar mapas disociados que no permiten individualizar a las personas, estas apps “en ningún caso podrán dar paso a una vigilancia sistemática de la población”.
México instaura mesa técnica
En el caso de México, el Comisionado-Presidente del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), Francisco Javier Acuña detalló que se instauró una mesa técnica con el fin de resolver dos problemáticas asociadas al resguardo de la privacidad y el control de la pandemia. Respecto de las aplicaciones de geolocalización y videovigilancia, comentó que el Estado mexicano debe establecer con prontitud protocolos para su uso y evitar intentos de utilizaciones sin autorización de este tipo de herramientas.
