El documento fue ratificado el 1 de octubre -en un encuentro virtual encabezado por la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt- y constituye uno de los pasos finales para la materialización del Reglamento APE.
Distintos ministros deben ahora firmar el decreto correspondiente, de modo que el Reglamento pase a la Contraloría General de la República, se le refrende y entre en vigencia.
Uno de los propósitos de la futura norma es propiciar el desarrollo de la APE, actividad que -por sus características- se perfila, por ejemplo, como una opción sustentable para la diversificación productiva del sector pesquero artesanal.
El Reglamento constituye en sí mismo un hito, pues implica reconocer formalmente a la acuicultura de pequeña escala, sector productivo sustentable que tiene 40 años de historia en el país.
En el país hay actualmente alrededor de 800 concesiones acuícolas de pequeña escala y 150 hectáreas autorizadas para el desarrollo de la actividad en áreas de manejo (AMERBS), a cargo de pescadores.
Dichas cifras debiesen ir al alza, cuando el nuevo Reglamento se conjugue con la aplicación de las leyes de Caletas, de Relocalización de Concesiones de Mitílidos (choritos) y de Bonificación de Algas, así como con los programas del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA).
En la práctica, la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros implica una modificación al actual Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA). En dicha sesión, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) estuvo representada por el jefe de la División de Acuicultura, Eugenio Zamorano.
Entre otros puntos, el Reglamento APE autorizará el desarrollo de actividades acuícolas en función de sus sistemas de producción y no de las especies involucradas. De ese modo, se fomentarán los llamados cultivos multitróficos que al incorporar principios de reciclaje -entre otros- son amigables con el medioambiente.
La nueva norma ajusta, además, los requisitos ambientales exigidos para otorgar concesiones, y dispone el reemplazo de los planes de contingencia ambiental por un listado de acciones mínimas, de manera de facilitar el acceso a la actividad.
En otro plano, se establece la prohibición de usar plumavit (poliestireno expandido) como elemento de flotación, debido al impacto de este material en los entornos de los cultivos.
Antes de ser aprobada por el Consejo de Ministros, la propuesta fue evaluada favorablemente por la Comisión Nacional de Acuicultura (noviembre de 2019), los ocho Consejos Zonales de Pesca existentes a lo largo del país (diciembre de 2019) y el Ministerio de Medio Ambiente (julio de 2020), además de actores públicos y privados.
