Como si fuera el anuncio de un final trágico, la relación de aparente colaboración entre organizaciones de protección animal y el Municipio de Puerto Montt parece haber llegado a su fin.
Las primeras señales fueron los partes y fiscalizaciones realizadas por el Departamento de Medio Ambiente a rescatistas que protegen perros comunitarios y la ausencia del mismo interés para ver casos de maltrato. A eso se sumó la jibarización del Centro de Esterilización al reducir en un 50% el personal médico y la evidente falta de mantención del lugar y, finalmente, se inició el retiro de las casas con que los vecinos protegen a los perros comunitarios de las inclemencias del tiempo.
El argumento sería que estas casas ocupan bienes nacionales de uso público, olvidando que la ley 21.020 (llamada ley Cholito) específicamente define a los perros comunitarios y les otorga a sus protectores la obligación de procurarles techo y comida. En estricto rigor el Municipio, a lo más, puede negociar con los vecinos la ubicación de la casa, pero no tiene facultades legales para retirarlas.
Paula Jorquera, presidenta de Albergando un Amigo, señaló que la ignorancia legal de la Unidad de Medio Ambiente es impresionante, al punto que no se dan cuenta que la Ordenanza Municipal sobre tenencia de animales es ilegal, ya que no se ajustó en plazo a ley 21.020. Por ello, ya presentaron un requerimiento ante Contraloria y se preparan para interponer un recurso de protección.
Es más, la dirigente cree que este comportamiento agresivo hacia los rescatistas de animales obedece a la insistencia que estos han mostrado en saber cómo se han usado los fondos que el Gobierno destina a este tema y que están bajo la administración de dicho Departamento.
