Presidenta del CPLT insta a usar herramientas de transparencia para exigir rendición de cuentas a las autoridades y detener eventuales irregularidades


La titular del organismo destacó que la información que debe mantenerse obligatoriamente publicada en Transparencia Activa en el caso de gran cantidad de organismos públicos, permite conocer situaciones que involucran recursos públicos y que pueden ser escrutados por la ciudadanía y los medios de comunicación.

La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT) destacó el uso que los medios de comunicación y la ciudadanía pueden hacer de herramientas dispuestas por la Ley de Acceso a la Información Pública para exigir la rendición de cuentas de las autoridades y ejercer el control social, esto como mecanismo para descubrir y detener eventuales irregularidades en el sector público.

La titular del Consejo se refirió en particular al uso de lo que se denomina Transparencia Activa, es decir, información que debe mantenerse actualizada y publicada en los sitios web los organismos que por ley están sujetos a las obligaciones de transparencia. Así es como se han podido identificar antecedentes clave e iniciar investigaciones que han permitido develar prácticas reñidas con la normativa y con la ética como el denominado “concejales on tour”, que destinaron millonarios recursos a viajes de capacitación al extranjero sin adecuada justificación, o el pago de horas extraordinarias en municipios, entre otros.

Las declaraciones de la representante del CPLT se dieron tras ser consultada por el caso de la gobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo, quien acorde a versiones de prensa eventualmente destinaría una vivienda fiscal para fines de residencia particular, por lo que habrían iniciado una serie de obras pagadas con recursos públicos en la propiedad.

“El primer paso es poder disponer de esta información en transparencia activa, es decir, el que antecedentes como los que se han tenido a la vista en este caso estén actualizados y disponibles vía web, y esto posibilita el control social ciudadano”, subrayó De la Fuente.]

“Este mecanismo es el que permitió conocer las interrogantes sobre las obras. Ahora, serán los organismos pertinentes los que deberán pronunciarse sobre los hechos”, apuntó.
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