- La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, y el Director General de la institución, David Ibaceta, entregaron detalles del acuerdo de cooperación y colaboración firmado a fines de julio y explicaron alguna materias relacionadas con la Ley de Transparencia para que las y los constituyentes puedan informarse sobre sus obligaciones actuales y evaluar posibles mecanismos de transparencia y acceso a la información, ratificando el compromiso de la entidad con este proceso único en el país.
En la exposición, la titular del CPLT reiteró el compromiso que ha manifestado el Consejo de poner su experiencia, capacidades técnicas y sus equipos al servicio de la Convención Constitucional. Asimismo, especificó las acciones que se contemplan en el marco del acuerdo suscrito entre ambas instituciones que contempla, entre otras cuestiones, asesoría y capacitación para el uso de las plataformas de Infolobby para cuestiones de publicidad de las audiencias, viajes y donativos que reciban las y los convencionales, y de Infoprobidad, en el caso de las declaraciones de intereses y patrimonio.
Asimismo, revisó algunos mecanismos relacionados con la transparencia y acceso a la información como el portal de transparencia del Estado, administrado por el Consejo para que los integrantes de la Convención puedan evaluar su utilidad para los fines que estimen.
Entre los objetivos de esta colaboración, acorde a lo dicho por De la Fuente “estos esfuerzos están enfocados en aumentar los estándares integrales del proceso, con el fin de promover la confianza en la entidad que redacta la Nueva Constitución”.
La presidenta del CPLT también hizo hincapié en las señales que están dando instituciones permanentes del Estado, como la Contraloría General de la República y el propio Consejo, de estar a disposición de lo que requiera un proceso histórico inédito en Chile y el mundo,. Subrayó que “el Consejo para la Transparencia se pone al servicio de la Convención Constitucional” en materias de transparencia, probidad y el derecho al acceso de la información de los organismos públicos” y reiteró que la suscripción del convenio no involucra en ningún caso que el organismo tenga facultades fiscalizadoras o sancionatorias, dada la autonomía y soberanía de la Convención.
