- Esto constituye un desafío en materia de transparencia para generar adecuados estándares sobre lo que se publica de subsidios, explicó el titular del CPLT Francisco Leturia, particularmente en el caso de los GOREs.
Entre los principales hallazgos de la fiscalización -que consideró antecedentes vinculados a subsidios que gestiona la Subsecretaría de Transportes y el FAR-, se identificaron: significativas barreras en el acceso fácil a información presupuestaria; en particular en el caso de lo publicado por los Gobiernos Regionales en cuanto al uso y destino de los recursos, impidiendo su trazabilidad.
A partir de los antecedentes publicados en la web de los Gobiernos Regionales sobre transferencias –en transparencia activa-, el CPLT solo logró seguir un 2% de los recursos asignados, equivalente a un monto de 11 mil millones de pesos. Esto dado que la información públicada en el período 2021 por solo la mitad de los GOREs es “muy limitada”, detectándose además numerosos problemas de acceso a antecedentes, entre otros, por falta de estándares de publicación, falta de antecedentes y la inexistencia de medios de contraste, según explicó el presidente del Consejo, Francisco Leturia.
El representante del organismo planteó lo relevante de una mirada descentralizada y no solo de abrir temas sino de publicar con criterios de calidad. “Tenemos que preocuparnos por la situación del transporte de pasajeros a nivel país. Por ello, como Consejo analizamos, a partir de las herramientas de transparencia que existen, cómo vigilar y qué ha pasado con sumas tan grandes y la trazabilidad es casi cero. La urgencia por invertir en una materia sensible debe ir de la mano con una correcta rendición de cuentas”, agregó el titular del Consejo.
“La transparencia no es solo abrir información, esa es una etapa que cumplimos. Ahora hay que cuidar la calidad y la oportunidad de ésta. La invitación es a rendir cuentas y a entregar más detalles de cómo se gastan grandes cantidades de plata. Por ello, estamos ante un desafío en materia de transparencia”, aseveró Leturia. Y comentó: “trabajaremos en los próximos meses en recomendaciones para facilitar el acceso respecto de cualquier fondo de financiamiento, incluyendo los destinos definitivos de estas platas”, finalizó.
Acceso a información sobre subsidios fiscalizados
En el caso de la información publicada por la Subsecretaría de Transportes, si bien se identificaron diversas barreras de acceso, el CPLT logró seguir el flujo de un 75% de los recursos transferidos en 2021 que administra la entidad.
A la luz de estos hallazgos el presidente del CPLT dijo que: “Si bien se pudo identificar, a partir de la información presupuestaria, que casi la totalidad de los recursos se habría transferido en el caso de la Subsecretaría de Transportes por fue imposible determinar a qué programa se destinaron porque solo hay información general”.
La revisión recurrió, como fuente complementaria, a los registros de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y a auditorías al uso de estos recursos de la Contraloría. A partir de estos datos se pudo establecer que, para el 2021 se asignó un presupuesto de ingresos y gastos para el FAR por un monto total de $525.537.350.000. Sin embargo, de acuerdo a lo información en el sitio web de la Dirección de Presupuestos, el último informe de ejecución presupuestaria, correspondiente a diciembre de 2021, mostró que se ejecutaron casi 800 mil millones ($799.212.224.000).
Esta situación es problemática, por cuanto a partir de los antecedentes de Dipres, de los 5 Gores que más reciben recursos, solo Biobío y Maule publican información en el ítem transferencias. En el caso de los de La Araucanía y Metropolitano de Santiago, no se observa esta información. En cuanto al Subsidio Nacional para el Transporte Público se evidenciaron bajos estándares de acceso a información, sin detectarse antecedentes por año y tipo de programa en 2022.
Metodología
El CPLT trató, entre otros objetivos, de identificar la ruta que siguen los recursos asignados por región asociados al subsidio para el transporte público remunerado de pasajeros. Para ello, hizo seguimiento de del Fondo de Apoyo Regional entregado a los GORE’s, y las transferencias entregadas ,a sus principales receptores, con el objetivo de verificar si se ve reflejada dicha información en las web de las instituciones que se encargan de ejecutar estos subsidios.
Para ello se revisaron convenios de transferencia y sitios web de instituciones como la Dipres y la Contraloría General de la República, el diseño de los programas y cómo se ejecutaron los recursos destinados para fines de mejoras al transporte por región en el período 2021-2022, incluyendo los receptores del subsidio.
“El tema del transporte sin mayor control puede generar problemas, incluso esconder irregularidades. Ya hay informes de Contraloría que hablan de que estos recursos se han gastado en otros fines y estos fondos pueden gastarse en iniciativas de desarrollo regional pero la idea es que eso se conozca”, concluyó Leturia.
