- Acorde a cifras de la entidad, organismos del Estado vinculados a temas productivos –como pesca- y a salud –por convenios con farmacias e Isapres-, marcaron las iniciativas que se presentan ante la Corte de Apelaciones y otras instancias judiciales. Uno de los principales objetivos de estas acciones es revertir decisiones del CPLT, las que mayoritariamente ordenan la entrega de información al solicitante.
La presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente explicó que la mayor parte de las acciones judiciales son reclamos de ilegalidad en contra de decisiones del Consejo. “Vemos que estos han ido al alza desde 2018 y aumentaron en un 150% entre 2019 y 2020. En esos dos años se concentra un 35% del total de reclamos de este tipo que se han presentado en los cerca de 12 años de experiencia de la entidad”.
En el marco del actuar del CPLT se contemplan, además de este tipo de acciones ante las Cortes de Apelaciones en contra de una decisión del Consejo, los recursos de queja interpuestos ante la Corte Suprema y los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
En relación a las decisiones de amparo contras las cuales se han presentado más acciones judiciales, destacaron en las primeras posiciones del ranking 2020 instituciones vinculadas a la pesca -como el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, con 55 y 38 acciones respectivamente-, seguidos muy de cerca, con 35 acciones, por la Superintendencia de Salud. En el cuarto y quinto lugares aparecen el Ejército y la Armada, con 29 y 23 acciones judiciales.
En relación a las decisiones de amparo que más se han judicializado, destacaron entre las cinco primeras del ranking 2020 instituciones vinculadas a la pesca -como el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y la Subsecretaría de Pesca, con 55 y 38 acciones respectivamente-, seguidos muy de cerca, con 35 acciones, por la Superintendencia de Salud. En el cuarto y quinto lugares aparecen el Ejército y la Armada, con 29 y 23 acciones judiciales.
¿Por qué se emprenden acciones judiciales?
Desde el Consejo para la Transparencia explicaron que, en el caso de los reclamos de ilegalidad, que concentran la mayoría de estas acciones, estos se presentan ante las Cortes de Apelaciones en contra de decisiones del Consejo con la finalidad de revocarlas.
Desde el CPLT explicaron que existen otras acciones judiciales que pueden interponerse en el marco del actuar de la entidad como por ejemplo los recursos de queja, que buscan que la Corte Suprema se pronuncie sobre el actuar de los ministros de las Cortes de Apelaciones cuando éstos han resuelto un reclamo de ilegalidad ratificando una decisión del Consejo. A estos se suman requerimientos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, con ocasión de la tramitación de un reclamo de ilegalidad, para que se declare inaplicable una o más normas en la resolución del caso que está conociendo la Corte de Apelaciones. Ambos tipos de acciones han mostrado crecimiento en los últimos años, pero con cifras más bajas.
En el Consejo subrayaron que las razones del aumento que han tenido estas acciones no son del todo claras. Desde Transparencia comentaron que, pese a que es complejo establecer causales únicas, la tendencia al alza de la judicialización podría vincularse con el incremento de solicitudes de información y a una ampliación de los requerimientos a temáticas que con anterioridad no eran requeridas, lo que podría derivar de una ciudadanía más informada sobre los usos de la Ley de Transparencia como derecho llave, es decir, para acceder a otros derechos, como salud, pensiones, ambiente libre de contaminación, entre otras demandas.
Sobre los resultados de los reclamos de ilegalidad, el Consejo destacó que en 2020 un 88% de los fallos de las Cortes de Apelaciones favorecieron a la entidad, es decir, se mantiene la decisión adoptada por el CPLT.
Oposiciones: mayoritariamente por terceros involucrados
En los casos específicos de las entidades que ocupan los tres primeros puestos del listado de reclamos de ilegalidad (Sernapesca, Subsecretaría de Pesca y Superintendencia de Salud), se presenta la misma situación: los organismos en cuestión acuden a tribunales derivado de la oposición de terceros interesados en el procedimiento de amparo. Es lo que ocurre con las tres instituciones mencionadas, en las que un privado se opone intentando establecer que la entrega de la información afectaría, por ejemplo, sus intereses económicos y comerciales.
En el caso de los organismos asociados a pesca, las cifras han crecido, así como lo han hecho el número de amparos –casos presentados ante el CPLT por un requerimiento de información y que le fue denegada- asociados a solicitudes de antecedentes sobre la industria salmonera (por ejemplo, sobre medicamentos que se utilizan en el tratamiento y control de enfermedades).
En tanto, en el ámbito de la Superintendencia de Salud el balance también arrojó un crecimiento importante, posicionando a esta institución entre los tres primeros del listado 2020, cuando en el año anterior no aparecía en el top 15. En este caso, las acciones involucran principalmente a terceros ligados con el ámbito de las Isapres y farmacias, que buscan impedir el cumplimiento de la decisión del Consejo respecto a la entrega de antecedentes.
FFAA: La Armada ha incrementado recursos ante la Suprema
En cuanto a las acciones presentadas por entidades de las Fuerzas Armadas, las cifras se mantuvieron en el caso del Ejército relativamente estables entre 2020 y 2019, y en el caso de la Armada aumentaron un 30% (de 16 a 23). En este último caso la mayoría de ellas corresponden a recursos de queja presentados por el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la entidad, ante la Corte Suprema, y que persiguen dejar sin efecto sentencias de las Cortes de Apelaciones que ratificaron una decisión del Consejo para la Transparencia. Muchas de ellas se asocian con la entrega de hojas de vida, entre otras del alto mando.
