Estos resultados contrastan con el consenso existente entre el personal del Estado sobre la importancia de hacer exigibles derechos asociados al tratamiento, gestión y adecuado resguardo de la información personal de los ciudadanos.
“Nuestra misión institucional apunta al fortalecimiento de nuestra democracia, garantizando que las herramientas de la Ley de Transparencia puedan ser usadas por la ciudadanía para ejercer control social, pedir rendiciones de cuentas a las instituciones públicas y a las autoridades, y proteger nuestros datos personales. La Ley de Transparencia, en su artículo 33 letra m, faculta al Consejo para velar por la protección de datos personales en los organismos públicos que son sujetos obligados –básicamente ministerios, servicios públicos, universidades públicas, municipios, entre otros-”, comentó la presidenta del CPLT.
El estudio mostró que al igual que en el año anterior, en 2020 sólo 3 de cada 10 funcionarios públicos afirmaron que existían en su institución mecanismos y procedimientos para proteger los datos de los ciudadanos. Una cifra que baja aún más al preguntar por la existencia de un funcionario encargado de la protección de datos personales, llegando a 2 de cada 10 de los consultados en el sondeo.
Desafíos en capacitación
Se identificaron también bajos niveles de capacitación en temáticas de protección de datos personales, con 3 de cada 10 funcionarios que dicen haberlas recibido, explicó De la Fuente. Al respecto, la cientista política aludió al trabajo que se desarrolla desde el CPLT en cuanto a la promoción de derechos fundamentales.
“Desde el Consejo tenemos desafíos ante los cuales responder en materia de transparencia y protección de datos personales, tanto en materia de capacitación como de generar conciencia sobre la relevancia de estos temas, no sólo entre los ciudadanos sino también entre los funcionarios del Estado”, dijo la titular de Transparencia.
La presidenta del CPLT agregó que se está reforzando este trabajo con la inclusión de la protección de datos personales en sus acciones formativas, por ejemplo, mediante el desarrollo de cursos específicos sobre el tema en el portal educativo www.educatransparencia.cl. En 2020, el organismo, a través de su Dirección de Promoción, Formación y Vinculación, consiguió aumentar en un 26% el número de personas capacitadas con respecto a 2019, y este año mantendrá dichas acciones con foco en funcionarios públicos, autoridades electas y profesores.
Otros hallazgos
El sondeo también mostró diferencias entre estamentos, siendo los funcionarios con cargos directivos y profesionales los que declararon tener mayor conocimiento sobre mecanismos o procedimientos para proteger datos al interior de la institución, con un 44% del estamento directivo y un 33% del profesional, contrastando con el estamento no profesional, grupo en el que un 28% afirmó conocer sobre estas cuestiones.
Una tendencia similar se identificó respecto del conocimiento que tiene el personal de la ley de protección de datos personales, donde un 69% de los directivos y un 53% de los profesionales manifestaron conocer la ley. Significativamente menores fueron las cifras asociadas a los no profesionales: un 37% de este grupo señala conocer que existe una normativa y un 16% que existe un organismo que vela por su cumplimiento.
