Por: Eugenio Benavente Hormazábal
Chile se encuentra en un momento definitorio para su patrimonio natural. La implementación de la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), es un hito que celebramos. Sin embargo, la letra chica del anteproyecto de su reglamento —hoy en consulta pública— genera alarmas fundadas en los territorios donde la conservación y el desarrollo local no son conceptos aislados, sino un solo motor de vida.
Desde la Macrozona Sur, manifestamos nuestra total adhesión a las observaciones realizadas por FEDETUR desde una mirada técnica y jurídica. Consideramos que el texto actual en consulta presenta debilidades que ponen en riesgo la seguridad jurídica y la sostenibilidad del turismo de naturaleza, una actividad que es el corazón económico de nuestras comunidades.
Uno de los puntos más preocupantes es el uso del término "turismo de baja escala" para limitar la actividad en Parques Nacionales. Es un concepto ambiguo que abre la puerta a restricciones cuantitativas arbitrarias. Nuestra propuesta es clara: debemos transitar hacia un Turismo de Alto Valor. Esto significa que la gestión no debe basarse en prohibiciones por número de personas, sino en la Capacidad de Carga técnica y en estándares de Destino Turístico Inteligente (DTI). La tecnología hoy nos permite monitorear impactos en tiempo real.
La "regulación en blanco" y la discrecionalidad en los Planes de Manejo son amenazas directas a la certeza que requiere cualquier emprendedor local. El turismo no puede estar expuesto a que la demora en actualizar estos instrumentos paralice la economía de un territorio. Por ello, pedimos criterios de gradualidad para las actividades existentes y un límite estricto de tres meses para las medidas provisionales.
Las áreas protegidas no son islas. El reglamento debe garantizar que la planificación de las Zonas de Amortiguación no bloquee la conectividad ni la vialidad de acceso, elementos críticos para el flujo turístico de nuestra Ruta. Asimismo, es imperativo que exista una coordinación sectorial que sea real. Finalmente, la gobernanza debe tener pertinencia territorial. Solicitamos que la Subsecretaría de Turismo tenga una participación obligatoria en los planes de uso público y, sobre todo, que se asegure la reinversión directa de las tarifas en las mismas áreas que las generan, para que se traduzcan en mejor infraestructura, seguridad y tecnología de gestión.
La conservación de nuestra biodiversidad es inseparable de la prosperidad de nuestras comunidades. Un reglamento que no brinde certezas para el turismo sustentable es propenso a generar conflictos territoriales. Invitamos a todos los actores a hacerse parte de esta consulta ciudadana, cuyo plazo se ha extendido hasta el 28 de abril, para asegurar que la protección de la naturaleza sea también el motor del futuro de Chile.
