- El Consejo para la Transparencia (CPLT) revisó información solicitada a 21 organismos públicos, entre ellos las seremías de salud del todo el país, y los antecedentes publicados en los sitios web de las instituciones que intervienen en la fiscalización y cobro de multas por incumplimientos a las cuarentenas y otras restricciones sanitarias implementadas en el marco del Plan Paso a Paso.
- Las diferencias entre lo informado por las distintas secretarías regionales, impidió al organismo establecer la existencia de estándares de registro de este tipo de antecedentes.
La finalidad del proceso, explicaron desde el CPLT, fue evaluar niveles de acceso a información sobre sumarios sanitarios y sanciones cursadas entre diciembre de 2020 y julio de 2021 por incumplir cuarentenas y otras restricciones impuestas en el marco del plan Paso a Paso.
“Si bien casi todos los organismos respondieron las solicitudes de acceso a la información, detectamos en la información entregada infracciones y/o incumplimientos a la normativa. Entre ellos omisiones a parte de los antecedentes solicitados o información desactualizada en páginas web de los organismos, lo que juega en contra de la posibilidad de cualquier persona que quiera escrutar cómo funcionó y qué estándares aplicaron en estos procedimientos las distintas secretarías”, dijo la presidenta del Consejo, Gloria De la Fuente.
El análisis del CPLT contempló requerimientos de información -sobre cifras de sumarios instruidos en diciembre de 2020 y enero de 2021- que fueron enviados a los organismos revisados bajo modalidad de usuario simulado. A partir de estas solicitudes, el organismo estableció que las “principales infracciones y/o incumplimientos se relacionan con información que no fue entregada en el formato requerido”, así como “la denegación parcial de información”.
Asimismo, tanto en lo relativo a cifras y estado de los sumarios sanitarios efectuados y resueltos, como de multas impuestas, la investigación permitió evidenciar que, a nivel regional existen “diferencias importantes a partir de la información proporcionada por las SEREMIS”. En el informe del CPLT se lee sobre el particular: “Por ejemplo, la SEREMI de Antofagasta, informó haber finalizado la totalidad de sus sumarios, sin embargo, corresponde a una de las regiones que informa el menor número de sumarios (solo 559)” en los dos meses analizados.
“Lamentablemente la falta de información y la diferencia en las cifras que informaron las Seremis impidió a los fiscalizadores establecer criterios claros de registro de este tipo de información. Tampoco se pudo establecer, a partir de la información entregada, que un aumento en las fiscalizaciones y sumarios cursados tuviera relación con el empeoramiento de las condiciones sanitarias”, dijo De la Fuente.
Seremi de Coquimbo con más sumarios
A partir de este ejercicio para acceder a información pública utilizando herramientas dispuestas por la Ley de Transparencia, el Consejo pudo establecer que del total de Secretarías Regionales Ministeriales las tres que más procedimientos sumariales informaron fueron: Coquimbo (con 6.690 sumarios), Metropolitana (con 4.247) y Maule (con 4.242). Cabe destacar que en el caso de esta última, se observó un aumento en 6 veces de la cifra de sumarios realizados en enero 2021 en relación a diciembre de 2020, con 578 y 3.664, respectivamente.
Por contrapartida, las secretarías regionales que rindieron cifras más bajas fueron: Aysén (con 260 sumarios), Atacama (con 345) y Valparaíso (con 436 procesos). Llama la atención en el caso de la zona central que la secretaría informara 10 veces menos sumarios que en los casos de regiones con menor cantidad de habitantes como por ejemplo Coquimbo o Maule.
Lentitud de procesos sumarios y bajo porcentaje de multas
La fiscalización permitió establecer que del total de sumarios informados por las Seremis (31.306), la mayoría no estaban resueltos en abril de 2021. Del grupo de procesos en los que se evidenció su cierre, un 16% derivó en multas (de un total de 5.096 sumarios) ; en tanto un 1% se sobreseyó (336) y un porcentaje similar fue objeto de recursos administrativos o judiciales (373). Antofagasta fue la región que presentó la cifra más alta de sumarios con multa impuesta (97%), seguida de Coquimbo (con un 42%).
Cifras bajas de denuncias por incumplimiento de cuarentenas
También en el marco de este proceso el CPLT consultó a las Seremis respecto de las denuncias por incumplimientos de cuarentenas. Estos requerimientos en su mayoría quedaron sin respuesta y en algunos casos se indicó que “no se había recibido ningún tipo de denuncia”. Las únicas secretarías que informaron sobre este tipo de vulneraciones fueron las de Tarapacá, Valparaíso, Maule, Ñuble, Araucanía y Aysén, totalizando en dos meses sólo 178 denuncias. En el desglose de esta cifra llama la atención que la mayoría se concentra en la región de Ñuble, cuya Seremi informó 136.
Casi la mitad de las Seremis con información de sumarios desactualizada
En el ámbito de Transparencia Activa, fiscalizadores del Consejo revisaron información disponible en el Portal de Transparencia para identificar la disponibilidad y actualización de antecedentes asociados a resoluciones de sumarios sanitarios, que imponen sanciones o sobresean a los sumariados, en el periodo comprendido de diciembre de 2020 a julio de 2021.
Tras la revisión de estos datos, que son clave para el control de la ciudadanía de la “efectividad de las sanciones aplicadas”, el Consejo detalló que casi la mitad de las 16 Seremis de Salud del país (7) no se encontró información o ésta se encontraba incompleta o desactualizada respecto de las sanciones efectuadas por la emergencia sanitaria. En tanto una de secretarías no respondió al requerimiento realizado en el marco del proceso, por lo que la información que debe mantener pública en el sitio web institucional no pudo contrastarse.
Organismos revisados
En el marco del proceso se incorporaron a todas las Seremis de Salud, la Defensoría Penal Pública, la Tesorería General de la República, Carabineros de Chile y el Consejo Defensa del Estado (CDE), se trata de instituciones a las que se les dirigieron requerimientos asociados a sus facultades y competencias, fiscalizando el adecuado cumplimiento a las disposiciones de la Ley 20.285, de Acceso a la Información Pública y su reglamento, así como la Instrucción General (IG) Número 10 del Consejo para la Transparencia.
Finalmente, a modo de contraste, se efectuó una solicitud al Ministerio Público sobre procedimientos judicializados, por infracción al artículo 318 del Código Penal, vinculados al incumplimiento de cuarentenas a nivel de todo el país correspondiente a diciembre de 2020 y a enero de 2021.
