El Gobernador Regional de Los Lagos, Alejandro Santana, declaró que el Gobierno Regional enfrenta “el peor momento financiero desde su creación en 1994”, debido al retraso en las transferencias que debe realizar el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos (DIPRES). Según afirmó, los saldos pendientes de transferencia ascienden hoy a 26 mil millones de pesos.
Santana informó que parte del equipo del Gobierno Regional se encuentra en Santiago reunido con la DIPRES, a la espera de que se transparente cuánto dinero será efectivamente traspasado antes del 31 de diciembre. “Desconocemos esa cifra, pero estimamos que no debería superar los 6 mil millones; ojalá fuese más”, señaló, advirtiendo que este escenario incrementaría la deuda flotante respecto de los años anteriores.
El gobernador acusó un incumplimiento grave por parte del Ejecutivo: “El gobierno no solo le ha metido las manos a los gobiernos regionales, sino que ha incumplido con la obligación de transferir los recursos comprometidos para obras e infraestructura”. Indicó que existen 2.500 millones de pesos pendientes para el Fondo Comunidad y 11 mil millones comprometidos en proyectos actualmente en ejecución “que no podrán cumplirse si los recursos no llegan”.
Afirmó que elevaron alertas hace cuatro meses por el riesgo de incumplimiento y que, pese a gestiones de consejeros regionales y discusiones en el Congreso durante la Ley de Presupuestos, “nada permitió evitar la deuda flotante”. Criticó duramente el actuar de la DIPRES: “Ha faltado transparencia, nos ha mentido derechamente al comprometer que esto no ocurriría”.
El Gobernador advirtió también que la situación afectará directamente la programación para los años 2025 y 2026, recordando que el presupuesto regional ya sufrió una disminución de 2,4% real tras una propuesta inicial del Ejecutivo que recortaba un 13%.
Entre las primeras medidas adoptadas frente al escenario financiero, la autoridad confirmó que cuatro proyectos que ya habían sido aprobados en comisión fueron bajados de tabla, para evitar aprobar iniciativas sin garantía de financiamiento. Además, mencionó que el programa de transporte mayor para Puerto Varas debió aplazarse tres años, pasando de 2031 a 2034, debido a la imposibilidad de transferir recursos en los primeros dos años y medio.
Santana no descartó acciones más profundas y señaló que evalúan responsabilidades institucionales: “Creo que esto debe llevarse a una acusación constitucional; no puede quedar impune no respetar la ley de presupuestos ni las obligaciones financieras hacia un ente autónomo”. Añadió que esperan también pronunciamientos de Contraloría y eventualmente del Tribunal Constitucional.
Finalmente, pidió al Gobierno central entregar con claridad el monto exacto que no será transferido. “Lo mínimo que pedimos es saber cuánta plata no van a transferir, para no generar expectativas de aprobación de proyectos que después no podremos financiar”, concluyó.
