por Jordi Valenzuela Muñoz
Recientemente, la Municipalidad de Puerto Varas denunció a la Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue (CRELL) ante el Ministerio Público por posibles delitos de adulteración de facturas y fraude al Fisco, en relación con los pagos de servicios de luminarias.
Esta situación, es probablemente la gota que rebalsa un vaso, un vaso que CRELL ha llenado por años con un pésimo servicio, con constantes cortes, microcortes y bajas de voltaje en zonas rurales y urbanas (no sólo de Puerto Varas además, si no que también en Puerto Montt, Los Muermos, Fresia y Llanquihue), cortes muchas veces prolongados, en la mayoría de los casos no haciéndose cargo de las consecuencias negativas de esto para los productos refrigerados de familias o negocios, electrodependientes, y el funcionamiento normal de los servicios de agua potable rural que también requieren electricidad para operar.
Esto evidentemente ya ha colmado la paciencia de la comunidad, que expresa constantemente su malestar en las redes sociales de la compañía, dado que la comunicación con la ellos es deficiente y cuando hay cortes de luz los teléfonos de esta dejan de recibir llamadas derechamente.
Todo esto se acumula y lo dicho aún no hace justicia al malestar que tienen los usuarios de CRELL, quienes también han denunciado en ocasiones sobrecobros o nula mantención del tendido eléctrico que ha derivado en accidentes. Pero si a esto le sumamos las recientes acusaciones de fraude y adulteración de facturas, se hace evidente que hay un problema profundo y estructural dentro de la cooperativa, que además, esperemos que no, podría estar repitiéndose con otros municipios o con los propios clientes.
La comunidad de Puerto Varas y toda la Región de Los Lagos merece un servicio eléctrico de calidad, confiable, responsable y además probo. Esperemos que las autoridades y organismos pertinentes, que también recibieron la denuncia, como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el Servicio de Impuestos Internos (SII), la SEREMI de Energía, y la Delegación Presidencial Regional, puedan estar a la altura de la situación y el historial de la cooperativa, para tomar las decisiones necesarias, aunque sean duras.