Por Danitza Ortiz Viveros, seremi de Gobierno de Los Lagos.
Durante el mes de agosto se desarrollaron actividades en todo Chile para celebrar el Mes de la Dirigencia Social y Comunitaria. Fueron provechosos momentos de diálogo entre las dirigencias y autoridades locales, regionales y nacionales, con un llamado transversal e indiscutible a propiciar más espacios de participación ciudadana, pero, ¿se están ejerciendo todos los mecanismos que existen para asegurar la vinculación de la sociedad en los asuntos públicos?
La participación ciudadana y la incidencia de las organizaciones sociales en la gestión del Estado son cosas que van de la mano y que tienen un impacto evidente en las personas y en las instituciones. En ese sentido, los mecanismos que establece la Ley 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, son clave.
Desde su promulgación el 2011, esta ley ha permitido ordenar y normar mecanismos de participación relacionados a la entrega de información, al desarrollo de cuentas públicas participativas, al acceso a consultas ciudadanas y a la creación de consejos de la sociedad civil (COSOC) como órganos que acompañan, proponen y visan el quehacer de las distintas instituciones a las que pertenecen.
Esta ley es un paso importante para ratificar el rol que cumplen las organizaciones en la coherencia y pertinencia de las acciones que desarrollan las instituciones públicas, sin embargo, a trece años de su promulgación, sorprende que aún no existan consejos de la sociedad civil en todas las instituciones que debieran tenerlos implementados o, en algunos casos, que existan pero que no funcionen como corresponde.
Los consejos de la sociedad civil son una herramienta capaz de expresar la diversidad, la pluralidad y la representatividad de la sociedad en la gestión del Estado, por lo que su ausencia es una señal preocupante, especialmente hoy cuando la transparencia y la probidad en muchas instituciones es cuestionada.
Resulta imperante que la sociedad civil sea más partícipe y que las instituciones faciliten su involucramiento. El reconocimiento a las dirigencias sociales y comunitarias debe ser más que celebración y diálogo, debe significar avances concretos para lograr que la participación ciudadana y la vinculación de las instituciones con las comunidades sea efectiva y ágil, ya que más participación es mejor gestión y más democracia.