El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, quien participó del Encuentro Nacional de concejales y concejalas realizado en Arica, expuso acerca de las dificultades que está presentando la Ley de Lobby en Chile, la cual calificó como “perfectamente imperfecta”.
En la oportunidad, el titular del CPLT, explicó que la implementación de la Ley del Lobby en el país ha sido deficiente. Para justificar su crítica, el recién asumido mandamás del Consejo para la Transparencia detalló que, por ejemplo, en la última década han bajado considerablemente los registros de audiencias de alcaldes y concejales. En 2017 se registró un peak de 37.416 audiencias con alcaldes y 6.145 con concejales, sin embargo, la cifra ha ido disminuyendo consistentemente en el tiempo hasta llegar a 9.531 audiencias con alcaldes y 990 con concejales en 2023. “En los últimos 7 años los registros de audiencias de lobby con alcaldes han bajado cerca de un 75%, lo que revela un grave desuso de esta ley. Considerando que hay 345 municipalidades en el país, éstas son cifras irrisorias.”, dijo Navarrete.
Además, observó que, a nivel general, la materia más recurrente que se está registrando para las audiencias de lobby es bajo la nominación “ninguna de las anteriores”. “Esto no permite identificar con certeza las materias reales que se trataron a nivel local en Chile. Los datos de lobby existen, pero son insuficientes”, complementó Navarrete.
Refuerza los dichos de Navarrete lo sostenido por el capítulo chileno de Transparencia Internacional. Ya en el 2018 apuntaba a que el Estado no estaba fiscalizando la calidad de la información entregada. “Muchas veces hay registros incompletos y, también, nos dimos cuenta de que a nivel municipal es imposible trabajar porque hay datos que no sirven”, concluyeron.
En esta línea, el Gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Integridad pública, en la que aborda justamente estos inconvenientes identificados en la implementación de la ley. Destaca como un espacio de mejora los mecanismos para hacer cumplir la ley, dado que, según información remitida por la Contraloría en relación a las sanciones, entre los años 2018 y 2022, “solo se han cursado 29 sumarios por infracción a la Ley N°20.730 y solo diez de estos se encontraban finalizados al momento del reporte. No hay información que acredite que alguno de esos hubiese devenido en una sanción efectiva”.